La Corte Suprema de Estados Unidos ha tomado una decisión que sacude a la comunidad migrante: permitió a la administración de Donald Trump eliminar las protecciones legales del Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 350 mil venezolanos, dejándolos en riesgo de deportación. Esta medida, que entró en vigor el 19 de mayo de 2025, marca un giro drástico en la política migratoria del país.
El TPS, creado en 1990, protegía a migrantes de países en crisis, como Venezuela, permitiéndoles vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. La decisión de la Corte Suprema responde a una apelación del gobierno de Trump, que argumentó que las condiciones en Venezuela han mejorado lo suficiente para que estos migrantes regresen a su país.
La administración Trump ha insistido en que el fin del TPS no implica deportaciones automáticas, ya que los afectados podrían buscar otras vías legales para permanecer en EE.UU. Sin embargo, expertos en migración advierten que estas opciones son limitadas y complejas, dejando a miles de familias en la incertidumbre.
El fallo de la Corte Suprema revierte una orden previa de un juez federal en San Francisco, que había mantenido el TPS vigente al considerar que su terminación afectaría gravemente la vida de cientos de miles de personas. El juez también señaló que la medida podría causar pérdidas económicas significativas.
Organizaciones de derechos humanos, como Cristosal en El Salvador, han denunciado la decisión, destacando el impacto devastador en las comunidades venezolanas. Muchos de estos migrantes han establecido sus vidas en EE.UU., con trabajos, familias y arraigo en el país.
El gobierno de Trump ha justificado la eliminación del TPS como parte de una política migratoria más estricta, enfocada en reducir la presencia de migrantes indocumentados. La Casa Blanca argumenta que la mejora en la economía y seguridad de Venezuela elimina la necesidad de mantener estas protecciones.
Críticos de la medida señalan que las condiciones en Venezuela siguen siendo inestables, con una crisis política y económica que persiste. La deportación de miles de venezolanos podría agravar la situación en la región, desestabilizando aún más a un país en recuperación.
La batalla legal no termina aquí. Abogados y defensores de los derechos de los migrantes planean presentar nuevos recursos para frenar las deportaciones, aunque el panorama es complicado tras el respaldo de la Corte Suprema a la administración Trump.
Esta decisión también ha generado reacciones en la comunidad internacional. Países como Venezuela y El Salvador han expresado preocupación por el impacto de las deportaciones masivas, mientras que organizaciones globales piden a EE.UU. reconsiderar su postura.
El futuro de estos 350 mil venezolanos sigue en el aire, mientras la política migratoria de Trump continúa generando debate y polarización en Estados Unidos y más allá de sus fronteras.