Huachicol fiscal representa una amenaza creciente en el sector energético mexicano, donde redes clandestinas desvían recursos públicos y distorsionan el mercado de combustibles. En Chihuahua, las autoridades han destapado un caso que involucra a un empresario prominente, revelando conexiones profundas entre el mundo empresarial y actividades ilícitas. Esta noticia expone cómo el huachicol fiscal no solo afecta las finanzas del Estado, sino que también socava la confianza en instituciones locales.
La investigación que sacude al sector energético en Chihuahua
Las indagatorias de la Fiscalía han puesto en el centro de la mira a Carlos Alberto Velázquez Nieto, propietario de Energética Carvel, una compañía que ha crecido exponencialmente en los últimos años. Según los reportes, Velázquez Nieto estaría presuntamente ligado a una red de huachicol fiscal que operaba mediante la introducción ilegal de hidrocarburos al país. Estas operaciones permitían la venta de combustibles a precios inferiores a los del mercado, generando un perjuicio millonario para el erario público y compitiendo deslealmente con distribuidores legítimos.
El huachicol fiscal, a diferencia del robo directo de ductos, se centra en el contrabando de combustibles desde Estados Unidos, evadiendo impuestos y regulaciones aduaneras. En este contexto, Energética Carvel surge como un actor clave, con una expansión que levanta sospechas sobre la procedencia de sus suministros. La empresa, que inició operaciones en 2013 con modestas estaciones de servicio, rápidamente se posicionó como un jugador significativo en el transporte y distribución de gasolina y diésel.
Expansión sospechosa de Energética Carvel
Desde sus inicios, Energética Carvel ha tejido una red extensa que abarca no solo Chihuahua, sino también estados como Nuevo León, Jalisco, Sinaloa y el Estado de México. Esta cobertura geográfica facilitó la distribución de productos de dudosa procedencia, sin que la compañía pudiera acreditar el origen legal de los hidrocarburos en múltiples auditorías. Fuentes internas de la investigación indican que las ventas a precios bajos eran el gancho para atraer clientes, pero detrás de esa aparente competitividad yacía un esquema de evasión fiscal masiva.
En 2020, la Secretaría de Hacienda incluyó a la empresa en su lista de contribuyentes incumplidos, un hecho que no impidió su crecimiento. Al contrario, en 2021, el municipio de Aldama en Chihuahua adjudicó a Energética Carvel un contrato por 47 millones de pesos para el suministro de combustibles. Esta adjudicación, realizada bajo la administración local, ha sido cuestionada por posibles irregularidades en el proceso de licitación, donde la propuesta de Carvel destacaba por su bajo costo, un indicador clásico de operaciones de huachicol fiscal.
Conexiones políticas y defensas controvertidas
El caso adquiere tintes políticos cuando se revela la vinculación con figuras del ámbito jurídico. En 2023, una de las gasolineras de Carvel sirvió como escaparate para una colección de autos de lujo propiedad del exfiscal estatal de Chihuahua, César Augusto Esquivel. Este exfuncionario no solo utilizó el espacio para exhibir vehículos de alta gama, sino que también salió en defensa pública de la empresa, alegando que se trataba de una víctima de una "guerra sucia" orquestada por competidores envidiosos.
Las declaraciones de Esquivel, quien ocupó un cargo clave en la procuración de justicia durante años, han generado revuelo en círculos locales. Críticos argumentan que su apoyo explícito podría haber obstaculizado investigaciones previas sobre el huachicol fiscal en la región. Mientras tanto, Velázquez Nieto mantuvo un perfil bajo, enfocándose en la imagen de su emporio como un generador de empleo y desarrollo económico en zonas marginadas de Chihuahua.
Inversiones millonarias bajo escrutinio
Aquel mismo 2023, Energética Carvel anunció una inversión superior a los mil millones de pesos en infraestructura energética, incluyendo nuevas estaciones de servicio y mejoras en su flota de transporte. Estos planes, presentados como un compromiso con la modernización del sector, contrastan con las deudas fiscales acumuladas y las alertas de las autoridades. Analistas del mercado energético señalan que tales expansiones, financiadas en parte por ganancias de ventas irregulares, perpetúan el ciclo del huachicol fiscal, donde el dinero ilícito se lava a través de proyectos legítimos.
El impacto del huachicol fiscal trasciende lo económico; afecta la seguridad nacional al fomentar redes criminales que compiten con el crimen organizado tradicional. En Chihuahua, estado fronterizo con Estados Unidos, el contrabando de combustibles ha sido un dolor de cabeza para las fuerzas federales, que han intensificado operativos en puertos de entrada como Ciudad Juárez. La implicación de empresarios locales en estas tramas subraya la necesidad de reformas en la regulación de importaciones y un mayor escrutinio a las licitaciones públicas.
Expertos en evasión fiscal destacan que el huachicol fiscal genera pérdidas anuales estimadas en miles de millones de pesos para el gobierno mexicano. Esta modalidad, que explota la porosidad de la frontera norte, no solo priva al Estado de ingresos por impuestos, sino que también distorsiona precios en el mercado interno, perjudicando a consumidores y empresas honestas. En el caso de Carvel, las ventas por debajo del precio regulado atrajeron a transportistas y agricultores, creando una base de clientes leal pero involuntariamente cómplice de la ilegalidad.
La Fiscalía ha desplegado un equipo multidisciplinario para desmantelar la red, incluyendo peritajes contables y rastreo de remolques cisterna. Testimonios de exempleados sugieren que el conocimiento de las irregularidades era generalizado dentro de la empresa, aunque pocos se atrevían a denunciar por temor a represalias. Este clima de opacidad es típico en casos de huachicol fiscal, donde el silencio se compra con bonos y ascensos.
En el panorama más amplio, el huachicol fiscal en México ha evolucionado desde simples tomas clandestinas hasta operaciones sofisticadas con tintes transnacionales. La cercanía con Estados Unidos facilita el flujo de combustible subsidiado, que cruza la frontera en camiones camuflados como carga legal. Autoridades binacionales han colaborado en operativos recientes, pero la corrupción en aduanas sigue siendo un obstáculo mayor.
Para contrarrestar esto, se proponen medidas como la digitalización de rastreo de hidrocarburos y auditorías obligatorias para distribuidores de gran escala. Sin embargo, mientras persistan brechas en la supervisión, casos como el de Energética Carvel continuarán emergiendo, recordándonos la fragilidad de un sector vital para la economía nacional.
En discusiones informales con analistas del sector, se menciona que reportes de la Secretaría de Hacienda han sido cruciales para mapear estas redes, aunque detalles específicos permanecen bajo reserva. Asimismo, fuentes cercanas a la Fiscalía en Chihuahua aluden a evidencias recolectadas en allanamientos de 2023 que vinculan directamente a Velázquez Nieto con proveedores extranjeros. Finalmente, observadores locales comentan que la cobertura inicial de este escándalo en medios regionales ayudó a presionar por mayor transparencia en contratos municipales.