La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León ha puesto el dedo en la llaga tras una gira por los penales de la entidad. Su objetivo: revisar las condiciones en las que viven las personas privadas de su libertad. Lo que encontraron no es nada alentador. Desde hacinamiento hasta falta de servicios básicos, los centros penitenciarios muestran un panorama preocupante que refleja el abandono de las autoridades estatales.
Durante las visitas, la Comisión, encabezada por Susana Méndez Arellano, recorrió instalaciones como el Cereso de Apodaca y el penal de Cadereyta. Los reportes preliminares señalan problemas recurrentes: celdas sobrepobladas, escasez de agua potable y deficiencias en la atención médica. Estas condiciones no solo violan los derechos humanos, sino que evidencian una crisis en el sistema penitenciario que lleva años sin resolverse.
Uno de los hallazgos más alarmantes es la falta de programas de reinserción social. Muchos internos no tienen acceso a talleres, educación o actividades que les permitan reintegrarse a la sociedad. Esto, según la Comisión, perpetúa un ciclo de reincidencia delictiva y agrava la inseguridad en el estado. Las autoridades penitenciarias parecen no tener una estrategia clara para abordar este problema.
La presidenta de la Comisión señaló que el hacinamiento es un problema crítico. En algunos penales, las celdas diseñadas para 10 personas albergan hasta 20. Esta situación no solo afecta la dignidad de los internos, sino que genera tensiones que derivan en violencia dentro de las instalaciones. Los guardias, además, no siempre están capacitados para manejar estas crisis.
Otro punto preocupante es la falta de acceso a servicios de salud. Los internos con enfermedades crónicas o problemas de salud mental no reciben la atención adecuada. En algunos casos, la Comisión documentó que los medicamentos escasean o que no hay personal médico suficiente para atender emergencias. Esta negligencia pone en riesgo la vida de las personas.
La Comisión también destacó irregularidades en la seguridad de los penales. Desde filtraciones de objetos prohibidos hasta la falta de protocolos claros, las fallas en la vigilancia son evidentes. Estos problemas han sido señalados en el pasado, pero las autoridades estatales no han implementado medidas efectivas para corregirlos.
Susana Méndez Arellano anunció que presentarán un informe detallado al gobierno de Nuevo León. Este documento incluirá recomendaciones específicas para mejorar las condiciones en los penales. Sin embargo, la Comisión advirtió que sin un compromiso real de las autoridades, las violaciones a los derechos humanos seguirán ocurriendo.
El panorama en los penales de Nuevo León es un reflejo de la desatención del gobierno estatal. Mientras las autoridades no tomen medidas contundentes, los internos seguirán viviendo en condiciones indignas. La gira de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es un primer paso, pero la solución requiere voluntad política y recursos para transformar el sistema penitenciario.