En un nuevo capítulo de la lucha por la justicia social en Nuevo León, legisladores locales han levantado la voz para exigir descuentos en el peaje de la autopista Monterrey-Cadereyta, específicamente para los habitantes más vulnerables del municipio de Juárez. La propuesta busca aliviar la carga económica que enfrentan miles de personas que dependen de esta vía para sus traslados diarios.
La iniciativa, encabezada por las diputadas Grecia Benavides y Reyna Reyes, señala que más del 64 por ciento de los habitantes de Juárez deben salir del municipio todos los días para trabajar, estudiar o realizar trámites. El costo del peaje en la caseta de Guadalupe, según las legisladoras, representa una barrera significativa, llegando a equivaler hasta el 40 por ciento del salario mínimo mensual para muchos ciudadanos.
El planteamiento no es nuevo, pero cobra relevancia ante la creciente presión social por medidas que apoyen a los sectores más desprotegidos. Las diputadas argumentan que el cobro actual es desproporcionado y afecta principalmente a personas de escasos recursos, quienes no tienen alternativas viables para evitar el uso de la autopista.
La solicitud formal se dirigió al Gobierno del Estado, instando a las autoridades a implementar un esquema de descuentos que beneficie a grupos vulnerables, como adultos mayores, personas con discapacidad y familias de bajos ingresos. Este llamado resalta la necesidad de políticas públicas que prioricen el bienestar de quienes menos tienen.
Sin embargo, la respuesta del gobierno estatal ha sido tibia hasta el momento. Fuentes cercanas al Congreso señalan que, aunque la propuesta ha sido recibida, no hay compromisos concretos para su implementación. Esto ha generado críticas entre los habitantes de Juárez, quienes esperan acciones inmediatas para aliviar su carga económica.
La autopista Monterrey-Cadereyta es una de las principales vías de comunicación en la región, pero también una de las más costosas. Los habitantes de Juárez, en particular, han denunciado desde hace años los altos costos de los peajes, que impactan directamente en su calidad de vida y en su capacidad para cubrir necesidades básicas.
Organizaciones civiles y colectivos locales han respaldado la exigencia de los legisladores, argumentando que el acceso a la movilidad es un derecho fundamental. Algunos incluso han propuesto que se elimine por completo el cobro de la caseta para los residentes del municipio, aunque esta idea aún no ha ganado suficiente tracción.
El debate sobre los peajes en Nuevo León pone en el centro la discusión sobre la equidad y el acceso a servicios esenciales. Mientras los legisladores insisten en que el gobierno debe actuar con rapidez, los habitantes de Juárez aguardan una solución que les permita transitar sin sacrificar una parte significativa de sus ingresos.
Por ahora, la propuesta de descuentos sigue en la mesa de negociación. La presión de los ciudadanos y los representantes populares será clave para determinar si esta demanda se convierte en una realidad o queda como una promesa más en el aire.