La liquidación judicial en Chihuahua se ha convertido en un tema candente que expone las tensiones entre el Poder Judicial local y las garantías constitucionales. En un contexto de reformas impulsadas por el gobierno federal bajo el liderazgo de Morena, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua ha ignorado una orden firme para liquidar adecuadamente a un exjuez penal, generando críticas sobre el cumplimiento de derechos laborales en el sistema de justicia. Este caso resalta cómo las elecciones judiciales de 2025, promovidas por la administración de Claudia Sheinbaum, chocan con normativas locales y federales, dejando a profesionales del derecho en una posición vulnerable.
Reforma judicial y su impacto en jueces locales
La liquidación judicial de jueces en Chihuahua ha sido alterada por la reforma constitucional aprobada en el Congreso estatal, que aceleró las elecciones de personas juzgadoras para 2025, a pesar de planes iniciales para 2027. Esta medida, alineada con la agenda del gobierno federal y Morena, busca democratizar el Poder Judicial, pero ha sido criticada por atentar contra los derechos adquiridos de magistrados y jueces con décadas de servicio. El exjuez Luis Francisco León Merino, con 26 años de trayectoria, decidió no participar en el proceso electoral al considerar que la reforma local violaba sus prestaciones constitucionales.
Discrepancias entre reforma federal y local
En el marco de la liquidación judicial, la norma federal establece un finiquito generoso: tres meses de salario integrado más 20 días por año trabajado, junto con pensiones proporcionales. Sin embargo, la versión de Chihuahua limita el pago a tres meses de sueldo base y prestaciones ordinarias, excluyendo jubilaciones bajo la Ley de Pensiones Civiles del Estado. Esta discrepancia ha sido el núcleo del conflicto, donde León Merino argumenta que el TSJ de Chihuahua prioriza el ahorro presupuestal sobre la justicia social, un enfoque que resuena con las críticas al gobierno estatal por no alinearse plenamente con las directrices de la Presidencia.
León Merino, quien ocupó cargos clave como juez en tribunales orales para adultos y especializados en justicia penal para adolescentes, promovió un juicio de amparo en enero de 2025 en representación de su hija menor. Este amparo buscaba asegurar recursos para su manutención, cubriendo educación y necesidades básicas que su salario como juez garantizaba. La jueza Décimo de Distrito, Madhay Soto Morales, admitió la demanda y otorgó suspensiones provisionales y definitivas, protegiendo temporalmente su puesto hasta las elecciones.
Desacato del TSJ: Una traición a la suspensión definitiva
El desacato a la orden de liquidación judicial por parte del TSJ de Chihuahua se materializó el 1 de septiembre de 2025, cuando entraron en funciones los nuevos jueces electos. A pesar de la suspensión firme del amparo 41/2025VI-1, que ordenaba un pago integral incluyendo pensión al 60%, finiquito completo y servicios médicos para su hija, el Órgano de Administración del Poder Judicial solo entregó tres meses de salario base el 9 de septiembre. Esta acción ha sido calificada como un claro menosprecio a la autoridad federal, exacerbando las tensiones entre el gobierno estatal y las instancias judiciales superiores.
Recursos y respuestas de las autoridades
Frente al desacato en la liquidación judicial, León Merino recurrió nuevamente a la jueza de Distrito, quien exigió informes a la presidenta del TSJ, Marcela Herrera Sandoval, y a la titular del Órgano de Administración, Karla Esmeralda Reyes Orozco. Reyes Orozco admitió la existencia de partida presupuestal (15201) para indemnizaciones, pero justificó el pago parcial alegando que un desembolso total eliminaría la materia del amparo. Herrera Sandoval, por su parte, se desligó del asunto, atribuyéndolo al Órgano Administrativo. Estas respuestas han sido vistas como maniobras dilatorias que prolongan la incertidumbre para exfuncionarios del Poder Judicial.
La liquidación judicial en este caso no solo afecta a León Merino, sino que pone en jaque la credibilidad del TSJ de Chihuahua ante la opinión pública. Con 18 años en el tribunal, el exjuez enfatiza que su decisión no responde a intereses políticos, sino a la necesidad de proteger el bienestar de su familia. Ahora, impartiendo clases en la Universidad de Durango, lucha por mantener el nivel de vida previo, mientras critica la falta de empatía de autoridades como Reyes Orozco, quien, con experiencia en violencia de género, debería priorizar el interés superior del menor.
Implicaciones políticas de la reforma en Chihuahua
La liquidación judicial de Chihuahua ilustra las grietas en la implementación de la reforma judicial impulsada por Claudia Sheinbaum y Morena, que prometía mayor equidad pero ha generado desigualdades regionales. En estados como Chihuahua, gobernado por el PAN, el choque con la agenda federal se manifiesta en resistencias locales que diluyen los beneficios constitucionales. Expertos en derecho constitucional advierten que estos desacatos podrían escalar a controversias federales, cuestionando la autonomía del Poder Judicial estatal frente a las secretarías de Estado.
Consecuencias legales y administrativas
León Merino ha solicitado al Juzgado de Distrito remitir el caso al Ministerio Público Federal para investigar posibles delitos por desacato, y al Tribunal de Disciplina Judicial para sanciones administrativas. No acatar una orden judicial firme conlleva penas penales y administrativas, lo que podría derivar en destituciones o multas para los responsables. Esta escalada subraya cómo la liquidación judicial en Chihuahua no es un asunto aislado, sino un síntoma de la polarización política en torno a la Presidencia y las elecciones judiciales.
El proceso de liquidación judicial ha revelado vulnerabilidades en el sistema, donde jueces con trayectorias impecables, sin denuncias por corrupción o incompetencia, son tratados con desdén. León Merino destaca que su amparo fue un acto de responsabilidad familiar, no de ambición, contrastando con la narrativa oficial de renovación judicial que ignora el capital humano existente. En un país donde el gobierno federal de Morena impulsa cambios radicales, casos como este alimentan el debate sobre si la democratización judicial beneficia o perjudica a los más vulnerables en el aparato estatal.
Además, la liquidación judicial en contextos locales como Chihuahua resalta la necesidad de armonizar reformas federales con realidades estatales, evitando que gobiernos municipales o estatales de oposición usen excusas presupuestales para eludir obligaciones. La presidenta del TSJ y el Órgano Administrativo enfrentan ahora un escrutinio que podría extenderse a otras entidades, cuestionando la efectividad de las políticas de la secretaría de Gobernación en materia de justicia.
En las últimas semanas, reportes de medios locales como El Diario de Chihuahua han documentado similares irregularidades en pagos a exmagistrados, sugiriendo un patrón de incumplimiento. Fuentes cercanas al caso mencionan que la jueza Soto Morales podría emitir una resolución inminente, mientras que observadores judiciales, citados en análisis de El Universal, advierten sobre precedentes peligrosos para la independencia del Poder Judicial. Finalmente, declaraciones anónimas de funcionarios del TSJ indican que la partida presupuestal podría liberarse bajo presión federal, cerrando un capítulo que expone las fisuras en la reforma de Claudia Sheinbaum.