La presidenta municipal de Guadalupe y Calvo, Ana Laura González, enfrenta una fuerte controversia tras ser señalada por ordenar el desalojo de las oficinas de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia (FEM). La alcaldesa ha negado rotundamente estas acusaciones, asegurando que nunca se solicitó la salida del personal de la dependencia.
La titular de la FEM, Wendy Chávez, contradice la versión de González, afirmando que el municipio mostró claras intenciones de retirar a la Fiscalía del inmueble que ocupaba en comodato. Según Chávez, el desalojo fue el punto culminante de una serie de acciones hostiles por parte de la administración municipal, que incluyeron restricciones al uso de instalaciones como los sanitarios.
El inmueble, ubicado estratégicamente en el centro de Guadalupe y Calvo, fue cedido a la FEM en junio de 2024 tras una sesión de Cabildo. La decisión de desalojar a la Fiscalía, según medios locales, carece de justificación oficial, ya que la alcaldesa no ha comunicado los motivos de esta acción a las autoridades estatales.
Chávez destacó que las oficinas eran clave para atender a víctimas de violencia de género en un municipio con altos índices de este problema. La FEM, con un equipo de tres agentes del Ministerio Público, ahora opera desde la Fiscalía de Distrito Zona Sur mientras busca un nuevo espacio de renta.
La controversia ha escalado con críticas en redes sociales, donde se exige a González rectificar y restituir las oficinas. Algunas publicaciones acusan a la alcaldesa de insensibilidad hacia las mujeres víctimas de violencia, señalando que su decisión debilita los esfuerzos para combatir este problema en la región.
Por su parte, González ha calificado las acusaciones como manipulaciones políticas con fines partidistas. En un video difundido en redes, insistió en que la FEM sigue operando con normalidad y desmintió rumores de que el espacio se convirtió en una cafetería, llamándolos infundados.
La fiscal Chávez reveló que el personal de la FEM enfrentó hostilidades previas, como la prohibición de usar ciertas instalaciones municipales. Estas acciones, según la funcionaria, reflejan una falta de disposición del gobierno local para colaborar con la Fiscalía en la atención de casos de violencia de género.
El caso ha generado indignación entre activistas y ciudadanos, quienes consideran que el desalojo es un retroceso en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. La ausencia de diálogo entre la alcaldesa y la FEM agrava la percepción de un gobierno municipal que no prioriza este problema.
González, en su defensa, sugirió que las críticas podrían estar motivadas por cuestiones de género, argumentando que algunos sectores no aceptan ver a una mujer liderando el municipio. Sin embargo, esta declaración no ha reducido las tensiones ni las demandas de transparencia.
La situación en Guadalupe y Calvo pone en evidencia las fricciones entre el gobierno municipal y las instituciones estatales, en un contexto donde la seguridad y los derechos de las mujeres son temas urgentes. La resolución de este conflicto será clave para determinar el rumbo de la administración de González.