La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto para restituir más de 820 hectáreas a comunidades indígenas Ódami y Rarámuri en la Sierra Tarahumara, Chihuahua. El acto, presentado como un gesto de justicia social, busca resarcir despojos históricos a estos pueblos originarios. Sin embargo, detrás de la ceremonia, surgen preguntas sobre las verdaderas intenciones del gobierno federal.
El evento tuvo lugar en la comunidad de Mogótavo, Urique, donde Sheinbaum fue recibida con una ceremonia tradicional rarámuri. Ahí, la mandataria destacó que esta acción forma parte del Plan de Justicia para los Pueblos de la Sierra Tarahumara. Pero, ¿es realmente un avance o solo una cortina de humo para ganar simpatías políticas?
Las tierras restituidas incluyen 502 hectáreas para la comunidad Ódami de Santa Rosa de Dolores y 320 hectáreas para la comunidad Rarámuri de Choreachi. Según el gobierno, esto corrige injusticias cometidas durante siglos. Sin embargo, las comunidades indígenas han señalado que la entrega de tierras no resuelve los problemas de fondo que enfrentan, como la falta de servicios básicos.
Luis González Rivas, gobernador tradicional de Mogótavo, expresó su esperanza de que esta acción sea el inicio de una atención real a las necesidades de la Sierra Tarahumara. Demandó programas de salud alimentaria y clínicas equipadas con personal que hable su lengua. ¿Escuchará el gobierno estas peticiones o se quedará en promesas vacías?
El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) reportó una inversión de 4,720 millones de pesos en el Plan de Justicia para la región. Este presupuesto incluye proyectos en justicia ambiental, salud, educación e infraestructura. Pero, ¿dónde está el impacto tangible de estos millones en las comunidades más marginadas?
Críticos señalan que estas acciones podrían ser una estrategia de Morena para fortalecer su imagen rumbo a futuras elecciones. La presencia de Sheinbaum en la Sierra Tarahumara, acompañada de su gabinete, parece más un evento mediático que un compromiso profundo con los pueblos indígenas.
Mientras tanto, las comunidades Rarámuri y Ódami siguen enfrentando desafíos como la tala ilegal, la contaminación de ríos y la falta de acceso a servicios de salud. La restitución de tierras es un paso, pero no basta si no va acompañada de soluciones integrales.
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, también estuvo presente y destacó la colaboración con el gobierno federal. Sin embargo, su administración ha sido cuestionada por no atender de manera efectiva las necesidades de las comunidades indígenas en la región.
Sheinbaum prometió seguir con el Plan de Justicia, incluyendo la construcción de caminos y el fortalecimiento de escuelas. Pero la historia ha demostrado que las promesas a los pueblos indígenas suelen quedar en el olvido. ¿Será este el caso una vez más?
El acto de restitución de tierras es un movimiento que busca proyectar sensibilidad social, pero las verdaderas necesidades de la Sierra Tarahumara siguen sin resolverse. La pregunta permanece: ¿es esto justicia real o solo un espectáculo más del gobierno de la Cuarta Transformación?