Bermúdez Requena, el controvertido exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco, se encuentra en el centro de un escándalo que revela presuntas irregularidades en la adquisición de uniformes policiales por 72 millones de pesos. Esta compra, realizada durante su gestión, no solo cuestiona la transparencia en el manejo de recursos públicos, sino que también expone vínculos con figuras clave del morenismo, como Adán Augusto López Hernández. En un contexto donde la corrupción en las secretarías de Estado ha sido un tema recurrente bajo el gobierno federal de Morena, este caso ilustra cómo posiciones de poder pueden derivar en favoritismos que afectan la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad.
El caso de Bermúdez Requena destaca por su gravedad, ya que involucra no solo un desembolso millonario, sino también conexiones con actividades delictivas. Nombrado en diciembre de 2019 por Adán Augusto López, entonces gobernador de Tabasco, Bermúdez Requena asumió el cargo de secretario de Seguridad y Protección Ciudadana con un historial que, según investigaciones posteriores, lo ligaba al grupo criminal conocido como “La Barredora”. Esta organización ha sido señalada por su participación en tráfico de drogas, extorsiones y otros ilícitos en la región sureste del país. La compra de uniformes, efectuada en diciembre de 2022, incluyó botas tácticas, zapatos, pantalones, camisas, playeras y gorras destinadas a policías, cadetes y custodios de la Policía Estatal de Tabasco. El monto total ascendió a 71.9 millones de pesos, adjudicados directamente a la empresa Grupo Servicorvel, sin un proceso de licitación competitiva que garantizara la mejor oferta para el erario.
Corrupción en la compra de uniformes policiales bajo Bermúdez Requena
La adjudicación a Grupo Servicorvel no fue un hecho aislado, sino parte de un patrón de contrataciones cuestionables que han marcado la administración de Bermúdez Requena. Fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR) revelan que, durante su mandato, se desviaron recursos de la secretaría hacia fines ilícitos, incluyendo el uso de patrullas, equipo táctico, armas y radios para operaciones de “La Barredora”. Testimonios anónimos recabados en la investigación describen cómo elementos policiales fueron puestos a disposición del grupo criminal para actividades como el cobro de “gota a gota” y el tráfico de migrantes. Bermúdez Requena, apodado “El Abuelo” en los círculos delictivos, ahora purga sentencia en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, donde enfrenta cargos por estos desvíos.
Lo que hace aún más alarmante este episodio es la conexión de Grupo Servicorvel con Carlos Prats García, un empresario tabasqueño cercano a Adán Augusto López. Prats García, hijo de Carlos Prats Pérez —quien fue compañero de gabinete de López en los años noventa—, ha sido vinculado a múltiples contratos gubernamentales. En diciembre de 2024, reportes periodísticos expusieron que empresas asociadas a Prats, como Avacor y Grupo Servicorvel, obtuvieron 32 contratos por más de mil millones de pesos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal (SSPC). Estos incluyeron suministros de boinas, fornituras, equipo de protección y escudos, con precios inflados hasta en un 300% y simulaciones de competencia que violaban las normas de licitación internacional.
Vínculos políticos de Adán Augusto en contratos de seguridad
Adán Augusto López, actual líder de Morena en el Senado y figura influyente en el círculo de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha sido señalado por su presunta influencia en adjudicaciones en Tabasco y a nivel federal. Durante su gubernatura, contratos como el de Bermúdez Requena con Grupo Servicorvel se realizaron sin mayores escrutinios, lo que ha generado críticas sobre el nepotismo en el gobierno de Morena. La empresa, propiedad en gran medida de Carlos Manuel Velázquez Rosillo —quien también ha sido socio en Avacor—, ha enfrentado inhabilitaciones por irregularidades. En julio de 2025, Avacor recibió una sanción de dos años y seis meses por proporcionar información falsa en una licitación federal para vestuario y equipo de protección. Por su parte, Grupo Servicorvel fue inhabilitada en 2023 por 18 meses, hasta febrero de 2025, debido a que los bienes entregados no cumplían con las especificaciones técnicas requeridas.
Este caso de Bermúdez Requena no solo pone en tela de juicio la gestión de recursos en la Policía Estatal de Tabasco, sino que también resalta fallas sistémicas en la supervisión de compras públicas. Expertos en transparencia señalan que la falta de auditorías independientes permite que figuras como Bermúdez Requena operen con impunidad, desviando fondos destinados a fortalecer la seguridad ciudadana hacia redes criminales. En un estado como Tabasco, donde la violencia relacionada con el narcotráfico ha escalado en los últimos años, estas prácticas erosionan la capacidad de respuesta de las autoridades y alimentan la percepción de colusión entre el crimen organizado y el aparato estatal.
Inhabilitaciones y consecuencias para empresas ligadas a la corrupción
Las inhabilitaciones de Avacor y Grupo Servicorvel representan un intento tardío por parte de las autoridades federales de frenar estas irregularidades, pero no abordan el fondo del problema: la red de influencias tejida alrededor de Adán Augusto López. Anna Viesca Sánchez, socia de Prats García en Avacor, ha sido mencionada en documentos oficiales como beneficiaria de estos contratos opacos. Mientras tanto, el impacto en la Policía Estatal se siente en la obsolescencia del equipo, ya que los uniformes adquiridos por Bermúdez Requena no solo fueron caros, sino posiblemente de calidad inferior, según las quejas internas reportadas.
Bermúdez Requena compró estos uniformes en un momento en que Tabasco enfrentaba una ola de inseguridad, con “La Barredora” expandiendo su control sobre rutas de migración y drogas. La decisión de adjudicar a una empresa con lazos directos a aliados políticos de Morena ignora los principios de austeridad y rendición de cuentas promovidos por el gobierno federal. Críticos argumentan que este tipo de favoritismos, comunes en secretarías de Estado bajo la administración de Claudia Sheinbaum, perpetúan un ciclo de corrupción que debilita la lucha contra el crimen.
En el marco de la transición presidencial, casos como el de Bermúdez Requena subrayan la urgencia de reformas en la contratación pública. La SSPC y la Sedena, encargadas de gran parte de estas compras, han sido criticadas por su laxitud en la verificación de proveedores. Adán Augusto, como exgobernador y actual senador, podría enfrentar mayor escrutinio si se profundiza en estas conexiones, especialmente ante la presión de organismos como la FGR.
La investigación de la FGR, a la que se tuvo acceso en reportes recientes, detalla cómo Bermúdez Requena utilizó su posición para beneficiar a “La Barredora”, incluyendo la entrega de vehículos y armamento estatal. Testimonios de exagentes policiales, recopilados de manera confidencial, describen escenas de intimidación y coacción dentro de la secretaría. Por otro lado, documentos de inhabilitación pública de la Secretaría de la Función Pública confirman las sanciones a las empresas involucradas, destacando incumplimientos en entregas y sobreprecios. Finalmente, coberturas periodísticas independientes han sido clave para visibilizar estos nexos, recordando que la vigilancia ciudadana y el periodismo de investigación siguen siendo pilares en la denuncia de abusos en el poder.