En un grito desesperado por la seguridad de su municipio, el alcalde de Guachochi, Chihuahua, Alejandro Hernández Cruz, ha solicitado la intervención urgente de la presidenta Claudia Sheinbaum para atender la grave crisis de inseguridad que sacude la zona. La sierra tarahumara, conocida por su riqueza cultural y natural, se encuentra bajo el yugo de grupos delictivos que han desatado una ola de violencia sin precedentes.
Hernández Cruz, el primer edil de origen rarámuri en la historia de Guachochi, señaló que los enfrentamientos entre bandas criminales, como Los Palapas, Los Cheyenes y Los Reyes, han sumido a la población en el miedo. Balaceras, quema de vehículos y hasta agresiones directas contra civiles son el pan de cada día, mientras las autoridades locales parecen rebasadas por la magnitud del problema.
El edil destacó que, a pesar de los esfuerzos de la policía municipal y estatal, la falta de una estrategia integral desde el gobierno federal agrava la situación. La reciente visita de Sheinbaum a la región, donde se entregaron tierras a comunidades rarámuri, no incluyó anuncios concretos para reforzar la seguridad, lo que ha generado frustración entre los habitantes.
La violencia en Guachochi no es un caso aislado. Municipios vecinos como Guadalupe y Calvo enfrentan dinámicas similares, con grupos delictivos disputándose el control de las rutas de trasiego. La población, mayoritariamente indígena, vive atrapada entre el fuego cruzado, sin que las promesas de paz se traduzcan en acciones efectivas.
Hernández Cruz fue claro al señalar que la coordinación entre los tres niveles de gobierno es insuficiente. Aunque la Guardia Nacional y el Ejército han realizado operativos, los resultados son limitados. Los criminales, armados con fusiles de alto calibre, operan con una impunidad que desafía cualquier intento de contención.
La tragedia se agrava con casos como la desaparición de los hermanitos Rosa y Eduardo Martínez Pérez, de 10 y 6 años, cuyo paradero sigue siendo un misterio desde octubre pasado. La tardanza de las autoridades en iniciar la búsqueda ha encendido las críticas de una comunidad que se siente abandonada por el gobierno.
El alcalde también hizo un llamado a fortalecer la inteligencia policial para desmantelar las redes criminales que operan en la sierra. Los operativos actuales, que consisten en patrullajes y entrevistas, no han dado frutos, dejando a la población en un estado de incertidumbre y temor constante.
Mientras tanto, la respuesta del gobierno federal sigue siendo tibia. La presidenta Sheinbaum ha ordenado reforzar la presencia de fuerzas federales en otras regiones, pero Guachochi continúa esperando medidas concretas. La promesa de una “estrategia de seguridad” no calma los ánimos de una población que vive bajo la amenaza diaria de la violencia.
El mensaje del Seminario Diocesano de Tarahumara refleja el sentir de la comunidad: el dolor y la impotencia ante una guerra que no cesa. Los habitantes de Guachochi, mestizos y rarámuri por igual, claman por un municipio en paz, pero la solución parece estar lejos mientras las autoridades no actúen con la urgencia que el caso demanda.
La crisis en Guachochi es un reflejo del abandono que sufren muchas regiones del país. La pregunta que resuena en la sierra es clara: ¿hasta cuándo el gobierno federal tomará en serio la seguridad de sus ciudadanos? Por ahora, el municipio sigue atrapado en una tormenta de balas y promesas vacías.