Impunidad en disculpa de Garduño se ha convertido en el eje de un escándalo que remueve las heridas abiertas por el trágico incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Este suceso, ocurrido el 27 de marzo de 2023, dejó un saldo devastador de 40 migrantes fallecidos y 27 heridos, exponiendo las fallas sistémicas en el Instituto Nacional de Migración (INM). Francisco Garduño Yáñez, excomisionado nacional de Migración, enfrenta ahora un proceso judicial que culminará en una disculpa pública programada para el 26 de septiembre de 2025, a las 4:00 de la tarde en la Ciudad de México. Sin embargo, detrás de este gesto formal se esconde una larga historia de impunidad en disculpa de Garduño, marcada por intentos fallidos de acuerdos y omisiones que prolongan el sufrimiento de las víctimas.
El incendio, originado en una celda destinada a varones migrantes detenidos, fue calificado por peritajes como resultado de graves negligencias en materia de seguridad y protección civil. Dos migrantes venezolanos y ocho funcionarios del INM, incluido el propio Garduño, fueron procesados penalmente, junto con un guardia de seguridad privado. La catástrofe no solo cobró vidas inocentes, sino que reveló un patrón de vulneraciones a los derechos humanos en las instalaciones migratorias, donde la hacinación y la falta de protocolos adecuados pusieron en riesgo a cientos de personas en tránsito. Más de 900 días después del siniestro, la impunidad en disculpa de Garduño sigue siendo cuestionada por colectivos de derechos humanos, que ven en este acto una mera formalidad sin verdadera rendición de cuentas.
Antecedentes del incendio y sus consecuencias inmediatas
El fuego se propagó rápidamente en la estación migratoria ubicada bajo el puente internacional Stanton-Lerdo, en el corazón de Ciudad Juárez. Migrantes de diversas nacionalidades, principalmente centroamericanos y venezolanos, estaban recluidos en condiciones precarias cuando el incidente ocurrió. Las investigaciones iniciales apuntaron a un cortocircuito como detonante, agravado por la ausencia de sistemas de extinción y salidas de emergencia funcionales. Este evento no fue un accidente aislado, sino el reflejo de una crisis estructural en el manejo migratorio bajo el gobierno federal, donde la presión por detenciones masivas priorizó la eficiencia sobre la seguridad humana.
En los meses posteriores, las familias de las víctimas y sobrevivientes exigieron justicia integral. El Ministerio Público Federal intervino, y el caso escaló a instancias judiciales. La impunidad en disculpa de Garduño emergió como un tema central cuando, en septiembre de 2023, el exfuncionario intentó una salida alterna pagando daños materiales por la reconstrucción de la estación tipo "B", valorados en millones de pesos no cubiertos por el seguro. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por representantes legales de las víctimas, quienes argumentaron que no abordaba el daño moral ni físico a los afectados directos e indirectos. El juez Víctor Manlio Hernández Calderón, del Juzgado Penal Federal, denegó la solicitud, enfatizando la necesidad de una reparación holística.
Intentos frustrados de resolución extrajudicial
La saga de impunidad en disculpa de Garduño continuó en agosto de 2024, cuando se programó una nueva audiencia para explorar opciones de terminación anticipada del proceso. Aunque la defensa de Garduño presentó recursos, estos fueron desistidos, pero el juez mantuvo su postura: los requisitos no se cumplían. Este vaivén judicial ilustra las dificultades para equilibrar la celeridad procesal con la justicia restaurativa. En paralelo, en noviembre de 2023, se flexibilizaron las medidas cautelares para el imputado, permitiéndole firmar periódicamente en el Centro de Justicia del Reclusorio Sur de la Ciudad de México, en lugar de viajar a Juárez, dada la proximidad a su domicilio.
Hacia enero de 2025, el juez Hernández Calderón impuso condiciones específicas para avanzar en el caso. Garduño debía ofrecer una disculpa pública sincera, capacitarse en derechos humanos y protección civil, indemnizar a las víctimas en un plazo de un mes, y garantizarles acceso a servicios de Seguridad Social vía el IMSS. Además, se le ordenó permanecer en su domicilio registrado por 18 meses y realizar visitas trimestrales a centros de detención para supervisar medidas de seguridad. Estas obligaciones, extendidas de un inicial período de seis meses, buscan no solo castigar, sino prevenir futuras tragedias en el sistema migratorio.
La disculpa pública: un acto de memoria y confrontación
La impunidad en disculpa de Garduño alcanza su clímax con el evento del 26 de septiembre de 2025. Este no será un monólogo; las víctimas directas, como los sobrevivientes heridos, y las indirectas, familiares de los fallecidos, tendrán oportunidad de réplica. Algunas participarán de manera remota, asegurando que sus voces se escuchen pese a las distancias geográficas. La asociación civil Derechos Humanos Integrales en Acción ha jugado un rol pivotal en la coordinación, facilitando mesas de diálogo para aprobar el contenido de la disculpa y planificar la logística.
En Ciudad Juárez, la respuesta no se hará esperar. A las 3:30 de la tarde del mismo día, colectivos locales convocan un acto de protesta y solidaridad frente a las instalaciones siniestradas, en la avenida Rivas Guillén esquina con bulevar Heroico Colegio Militar, colonia Centro, justo frente a la Presidencia municipal. Este espacio busca mantener viva la memoria colectiva, honrando a las 40 almas perdidas y apoyando a quienes aún lidian con secuelas físicas y emocionales. La impunidad en disculpa de Garduño, en este contexto, se percibe como un recordatorio de las fallas institucionales que el INM no ha erradicado, pese a los cambios en la cúpula directiva.
El rol de las organizaciones en la exigencia de justicia
Organizaciones como Derechos Humanos Integrales en Acción han sido inquebrantables en su acompañamiento a las víctimas. A través de incansables negociaciones, han asegurado que la disculpa no sea un trámite vacío, sino un paso hacia la reparación. Sus esfuerzos incluyen la documentación de testimonios y la presión para que el gobierno federal implemente reformas en todas las estaciones migratorias, como la instalación de sistemas contra incendios y capacitaciones obligatorias en derechos humanos para el personal.
La impunidad en disculpa de Garduño también resalta las tensiones en el ámbito de la política migratoria. Bajo administraciones previas, el INM fue criticado por su enfoque punitivo hacia los migrantes, lo que contribuyó a entornos de detención inhumanos. Garduño, quien dejó el cargo el 30 de abril de 2025, representa una era de opacidad que ahora se juzga públicamente. Este caso podría sentar precedentes para futuros incidentes, impulsando una mayor accountability en secretarías de Estado relacionadas con la migración y la seguridad interior.
En las sombras de este proceso, emerge la resiliencia de las comunidades afectadas. Sobrevivientes han compartido historias de trauma y recuperación, destacando la importancia de espacios como el acto de Juárez para sanar colectivamente. La impunidad en disculpa de Garduño no borra las demandas de cambio estructural; al contrario, las amplifica, recordando que la justicia no termina con una declaración formal.
Mientras el sol se pone sobre Ciudad Juárez ese 26 de septiembre, las velas y pancartas frente a la estación incendiada servirán como faro de esperanza. Fuentes cercanas al caso, como reportajes en medios locales, han documentado cómo las familias han transformado su dolor en activismo, colaborando con grupos como la mencionada asociación para visibilizar las vulnerabilidades migratorias. En la Ciudad de México, el eco de esas voces llegará a Garduño, quien, según declaraciones judiciales, deberá confrontar el peso de sus decisiones pasadas. Este entramado de eventos, cubierto en profundidad por coberturas periodísticas independientes, subraya que la verdadera reparación va más allá de lo legal, tocando lo humano en su esencia más profunda.