En un evento cargado de promesas, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, anunció una inversión de 10 millones de pesos para Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Según el discurso oficial, estos recursos buscan impulsar el desarrollo de comunidades indígenas, devolver tierras a los rarámuris y fortalecer la región. Pero, ¿es esto realmente un avance o solo una cortina de humo para tapar los problemas de siempre?
La ceremonia, encabezada por Mayra Chávez, delegada estatal de Bienestar, tuvo lugar en un contexto de violencia y abandono en la Sierra Tarahumara. Mientras se hablaba de “libertad” y “justicia social”, la región sigue marcada por tiroteos, narcocampamentos y desplazamientos forzados. Los habitantes de Guadalupe y Calvo saben que los discursos bonitos no detienen las balas ni resuelven la pobreza.
El programa de devolución de tierras a comunidades rarámuris suena esperanzador. Sin embargo, no es la primera vez que el gobierno de Morena promete soluciones para los pueblos originarios. En el pasado, proyectos similares han quedado en el papel o han servido más para la foto que para transformar vidas. La pregunta es: ¿esta vez será diferente?
Montiel aseguró que los 10 millones se destinarán a infraestructura y programas sociales. Pero en una zona donde el crimen organizado opera con impunidad, muchos dudan que el dinero llegue a quienes lo necesitan. La falta de transparencia en el uso de recursos públicos es una constante en los gobiernos de la 4T, y Guadalupe y Calvo no parece ser la excepción.
La presencia del Ejército y la Guardia Nacional en la región fue destacada como un esfuerzo para “calmar las aguas”. Sin embargo, los operativos no han frenado la violencia. En los últimos meses, balaceras, ejecuciones y ataques con drones han sido reportados en Guadalupe y Calvo, dejando claro que la inseguridad sigue siendo el pan de cada día.
Mientras tanto, la delegada Mayra Chávez se limitó a organizar el evento y repetir el discurso de la Secretaría del Bienestar. Pero los rarámuris y los habitantes de la Sierra esperan más que palabras. Quieren caminos, escuelas, hospitales y, sobre todo, seguridad. ¿Cuánto de este presupuesto se convertirá en obras tangibles y cuánto se perderá en la burocracia?
El gobierno federal insiste en vender estas inversiones como un triunfo. Sin embargo, en una región donde la pobreza extrema afecta a más del 60% de la población, 10 millones de pesos parecen una gota en el océano. Los problemas estructurales de Guadalupe y Calvo requieren mucho más que anuncios grandilocuentes.
La historia de siempre se repite: promesas de cambio, eventos con funcionarios sonrientes y comunidades que siguen esperando. Mientras el gobierno de Morena celebra su “transformación”, los habitantes de Guadalupe y Calvo se preguntan cuándo llegarán los resultados. Por ahora, la “libertad” que Montiel promete sigue siendo solo un eslogan.