Más de 16 agentes migratorios, fuertemente armados y algunos con capuchas, irrumpieron sorpresivamente en un supermercado hispano en Tucson, Arizona, la semana pasada. Marco Antonio López, dueño de Beef Master Meat Market, relató que el operativo de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) no fue una redada, sino una verificación de permisos laborales.
Desde entonces, el impacto ha sido devastador: trabajadores, clientes y proveedores han desaparecido. López afirmó que sus ingresos cayeron a la mitad y que muchos empleados no regresaron por miedo, especialmente aquellos con familias de estatus migratorio mixto.
Otros negocios latinos en la zona reportan pérdidas de hasta el 50% tras operativos similares de ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Los agentes, con armas de alto calibre, rodearon comercios y estacionaron vehículos estratégicamente, generando temor generalizado.
López, inmigrante mexicano con 15 años al frente de su carnicería, tuvo que cerrar la venta de comida preparada por falta de personal. Ahora, junto a su familia, intenta mantener el negocio a flote mientras enfrenta una posible auditoría que implicará más gastos legales.
Activistas denuncian que estos operativos son constantes bajo el actual gobierno, enfocados en cumplir promesas de deportaciones masivas. María Eugenia Carrasco, de la Coalición de Derechos Humanos de Arizona, señaló que más de la mitad de los negocios del sur de Tucson han sido visitados.
La comunidad hispana vive intimidada, con dueños temerosos de represalias y multas que alcanzan los 27,000 dólares por empleado indocumentado. López cuestiona por qué solo los negocios latinos son blanco, sin reportes de visitas a comercios no hispanos en otras zonas de la ciudad.