La presidenta Claudia Sheinbaum anunció con bombo y platillo que se han recuperado 21 cuerpos de los 65 mineros atrapados en la mina Pasta de Conchos, Coahuila, desde el trágico derrumbe de 2006. En un evento rodeada de familiares, la mandataria aseguró que 13 de estos restos ya fueron identificados y entregados, pero el resto sigue en proceso. ¿Es esto un avance real o solo un intento de limpiar la imagen del gobierno?
El colapso de la mina, ocurrido hace 19 años, dejó una herida abierta en México. Solo dos cuerpos fueron rescatados en los días posteriores al accidente, y durante años, las familias exigieron justicia sin respuesta. La tragedia, atribuida a una explosión por acumulación de gas metano, expuso las deplorables condiciones de seguridad en la mina, operada por Grupo México, una de las empresas más poderosas del país.
Sheinbaum, fiel al estilo de Morena, se comprometió a no descansar hasta encontrar a los 63 mineros que aún faltan. “No nos vamos de aquí hasta que encontremos a todos”, afirmó con tono dramático. Sin embargo, las promesas suenan conocidas. Desde 2019, bajo el gobierno de López Obrador, se anunció un plan de rescate que ha avanzado a cuentagotas. ¿Por qué tomó tanto tiempo llegar a este punto?
La Comisión Federal de Electricidad, encargada de las labores de rescate, ha invertido recursos millonarios en excavaciones. Según el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, se ha cubierto el 38.5% de las galerías de la mina, pero solo se ha recuperado el 33% de los restos. Las familias, que han luchado incansablemente, celebran los hallazgos, pero no olvidan que la justicia sigue pendiente.
El gobierno presume que los cuerpos recuperados están “prácticamente íntegros”, lo que cuestiona la versión oficial de una explosión devastadora. Viudas y familiares han señalado que las autopsias de los primeros cuerpos rescatados revelaron muertes por asfixia, no por quemaduras. Esto refuerza las sospechas de que Grupo México y las autoridades de entonces encubrieron la verdad para evitar responsabilidades.
En septiembre de 2024, Sheinbaum y López Obrador firmaron un acuerdo para garantizar la continuidad del rescate, no solo en Pasta de Conchos, sino también en la mina El Pinabete, donde se han recuperado nueve de diez cuerpos atrapados desde 2022. Sin embargo, las familias de Pasta de Conchos exigen más que promesas: quieren sanciones contra Grupo México y los funcionarios que abandonaron el rescate en 2007.
El gobierno de Morena también anunció un aumento en las pensiones para las viudas, que ahora alcanzarán el equivalente a un salario mínimo. Aunque esto parece un gesto de buena voluntad, las familias denuncian que las pensiones previas eran irrisorias, algunas de apenas 100 pesos diarios. ¿Es este ajuste una reparación genuina o un intento de calmar las críticas?
La organización Familia Pasta de Conchos, que agrupa a los deudos, ha documentado más de 100 muertes en la región carbonífera desde 2006, señalando la falta de regulación en la industria minera. La tragedia de Pasta de Conchos no es un caso aislado, sino un reflejo de un sistema que prioriza las ganancias sobre la vida de los trabajadores.
Sheinbaum insiste en que su gobierno está sanando “una herida en el corazón de México”. Pero mientras 42 mineros siguen bajo tierra y las responsabilidades siguen sin aclararse, las familias se preguntan si estas palabras son solo un discurso más. La promesa de justicia suena bonita, pero los resultados concretos aún están lejos.
El rescate de Pasta de Conchos sigue siendo una deuda histórica. Las familias, que han esperado casi dos décadas, merecen más que eventos mediáticos y promesas grandilocuentes. La pregunta sigue en el aire: ¿cuándo se hará justicia de verdad?