Colectivos rechazan cualquier intento de cerrar el capítulo con una mera disculpa pública, exigiendo que Francisco Garduño, ex titular del Instituto Nacional de Migración (INM), rinda cuentas plenas por el trágico incendio en el centro de detención de Ciudad Juárez que cobró la vida de 40 migrantes en marzo de 2023. Este evento, uno de los más sombríos en la historia de la política migratoria mexicana, expuso las fallas estructurales en el manejo de centros de retención y la indiferencia ante el sufrimiento humano. La disculpa programada para este viernes 26 de septiembre de 2025 no apaga las llamas de la indignación; al contrario, aviva las demandas de justicia integral, reparación efectiva y reformas profundas en el sistema migratorio.
El incendio en Ciudad Juárez no fue un accidente aislado, sino el resultado de condiciones inhumanas que colectivos y organizaciones de derechos humanos han denunciado durante años. En la madrugada del 27 de marzo de 2023, alrededor de 70 hombres, en su mayoría venezolanos y centroamericanos en busca de asilo, fueron hacinados en un dormitorio sin ventilación adecuada, con acceso restringido a agua y puertas aseguradas con candados. Un grupo de ellos, desesperados por el encierro y el maltrato, prendió fuego a unas colchonetas como protesta. El humo se expandió rápidamente, pero las cámaras de seguridad captaron la peor parte: guardias del INM abandonando el área sin responder a los gritos de auxilio ni abrir las rejas para evacuar. Solo las mujeres, retenidas en otra celda, lograron ser liberadas a tiempo, dejando un saldo de 40 fallecidos y cerca de 30 heridos graves. Este suceso, que colectivos rechazan encubrir con gestos simbólicos, subraya la urgencia de cuestionar el modelo de contención migratoria heredado de administraciones anteriores.
Antecedentes del desastre en centros de detención migratoria
Para entender por qué colectivos rechazan la disculpa de Garduño como un mero trámite, es esencial revisar el contexto de negligencia sistemática en el INM. Francisco Garduño, quien asumió la dirección del instituto en 2019 bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, implementó políticas de control fronterizo intensivas, presionadas por la administración de Donald Trump para evitar aranceles comerciales. Estas medidas priorizaron la detención masiva sobre el respeto a los derechos humanos, convirtiendo centros como el de Ciudad Juárez en prisiones improvisadas. Reportes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han documentado violaciones recurrentes: hacinamiento extremo, falta de atención médica y discriminación contra migrantes de América Latina.
El juicio contra Garduño por ejercicio ilícito del servicio público y omisión de obligaciones surgió precisamente de este incendio. En enero de 2025, un juez federal suspendió temporalmente el proceso, condicionándolo a acciones como la disculpa pública y reparaciones a las víctimas. Este acuerdo, al que accedieron abogados de las familias afectadas, permite un plazo de un año y medio para "cerrar" el caso si se cumplen las condiciones. Sin embargo, seis subordinados directos de Garduño enfrentan cargos por homicidio y lesiones, lo que demuestra que la responsabilidad no se diluye en un solo nombre. Colectivos rechazan esta suspensión como un atajo hacia la impunidad, argumentando que no resuelve las demandas de fondo: cambios estructurales en la política migratoria y garantías de no repetición.
La disculpa pública: ¿reparación o evasión?
El acto de este viernes representa un hito simbólico, ya que por primera vez supervivientes y familiares de las víctimas se encontrarán cara a cara con Garduño. Organizaciones como la Fundación para Justicia, que representa a muchos de los afectados, ven en este encuentro una oportunidad para visibilizar el dolor colectivo. Marcos Zavala, abogado de la fundación, enfatizó que, aunque el acercamiento es valioso para las familias, la disculpa carece de un "perdón sentido". "Para Garduño y su defensa, esto es solo un paso legal para lavarse las manos", señaló Zavala, recordando que el exfuncionario siempre ha manifestado disposición para reparar, pero sin asumir la profundidad del daño causado.
Colectivos rechazan rotundamente que esta disculpa exonere a Garduño de sus culpas. En un comunicado conjunto, varias ONG, incluyendo aquellas enfocadas en derechos de migrantes centroamericanos, advirtieron que el gesto no sustituye la justicia penal ni las reformas necesarias. Critican que las compensaciones económicas entregadas hasta ahora —alrededor de pagos iniciales a familias— provengan de fondos públicos del INM, y que el instituto ni siquiera participará en el evento, lo que diluye la accountability institucional. Además, la suspensión del juicio ha sido impugnada por las víctimas, y expertos legales prevén que podría revertirse, manteniendo vivo el caso más allá de este viernes.
Exigencias de colectivos: más allá de la impunidad
Las voces de los colectivos no se limitan a rechazar la disculpa de Garduño; van más allá, demandando una transformación radical en el trato a migrantes en tránsito. En México, la ruta migratoria por Chihuahua y la frontera con Texas ha sido escenario de abusos constantes, desde extorsiones por parte de autoridades hasta condiciones de detención que violan estándares internacionales. Este incendio, el más letal en un centro migratorio del país, impulsó el cierre temporal de algunas instalaciones y recomendaciones de la CNDH para mejorar protocolos de seguridad y salud.
Reformas pendientes en política migratoria mexicana
Bajo la administración de Claudia Sheinbaum, que asumió en octubre de 2024, se prometieron ajustes en la gestión migratoria, especialmente ante la segunda ola de presiones de Trump en la frontera. Sin embargo, colectivos rechazan que estos cambios sean cosméticos, insistiendo en la desmilitarización de la contención y la priorización de asilos humanitarios. Garduño, quien permaneció en el cargo hasta abril de 2025 —incluso gestionando diálogos con la nueva administración estadounidense—, encarna para muchos el fracaso de un enfoque punitivo. Su relevo en mayo no borró las secuelas: demandas pendientes y un legado de desconfianza hacia el INM.
La indignación colectiva se amplifica por el contexto regional. Migrantes venezolanos, huyendo de crisis económicas, y centroamericanos escapando de violencia, merecen no solo condolencias, sino políticas que faciliten su movilidad segura. Organizaciones han propuesto auditorías independientes a todos los centros de detención, capacitación obligatoria en derechos humanos para funcionarios y fondos dedicados exclusivamente a reparaciones, no a operaciones de contención. Colectivos rechazan cualquier narrativa que minimice el incendio como un "error aislado", viéndolo como síntoma de un sistema roto.
En las semanas previas al acto de disculpa, familiares de las víctimas han compartido testimonios desgarradores: madres que perdieron hijos en el humo asfixiante, hermanos separados por la burocracia migratoria. Estos relatos, recogidos en foros de apoyo comunitario, refuerzan la tesis de que la justicia no se negocia en tribunales opacos. Expertos en derecho internacional, consultados en informes recientes, coinciden en que México debe alinear su política con tratados como la Convención sobre Refugiados, evitando repeticiones de tragedias como la de Juárez.
Mientras el país observa este viernes, el eco de las demandas resuena en ciudades fronterizas y capitales latinoamericanas. Colectivos rechazan cerrar los ojos ante la historia, recordando que el verdadero cierre vendrá de la accountability plena, no de palabras pronunciadas bajo presión judicial. En conversaciones informales con defensores de derechos, se menciona cómo reportes de la Fundación para Justicia y la CNDH han sido pivotales para mantener la presión, documentando no solo el caos del 2023, sino patrones de negligencia que datan de años atrás. Asimismo, análisis de ONG como Amnistía Internacional, circulados en redes de activistas, destacan la necesidad de monitoreo continuo para evitar que suspensiones procesales se conviertan en absoluciones encubiertas.
Finalmente, en el marco de este aniversario extendido, voces de supervivientes —entrevistadas en boletines de colectivos— insisten en que el fuego de Juárez no se extingue con una disculpa. Referencias a documentos judiciales impugnados y comunicados de la Fundación para Justicia subrayan que el camino a la reparación es largo, pero ineludible, invitando a una reflexión colectiva sobre el costo humano de las fronteras.