En un giro que ha encendido las redes sociales, Bernardo Arsuaga Cárdenas, el cineasta sampetrino acusado de agredir a dos guardias de seguridad en la exclusiva colonia Olinalá, en San Pedro Garza García, podrá regresar al fraccionamiento. Un juez de control decidió retirar la medida cautelar que le prohibía el acceso, desatando una ola de críticas y cuestionamientos sobre la impartición de justicia en Nuevo León.
Los hechos ocurrieron en julio de 2024, cuando Arsuaga, visiblemente molesto por no contar con el chip de acceso, rompió la pluma de la caseta de seguridad y agredió físicamente a los vigilantes. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el cineasta, conocido por documentales como “The Michoacán File” y “The Weekend Sailor”, propinó golpes e insultos a los guardias, además de llevarse una tablet propiedad de la caseta.
La Unión de Colonos de Olinalá, indignada por la agresión, presentó una denuncia por lesiones, robo con violencia, daño en propiedad ajena y amenazas. En agosto de 2024, Arsuaga fue vinculado a proceso, y se le impuso la prohibición de ingresar al sector como medida cautelar. Sin embargo, tras varios meses de audiencias pospuestas, el juez levantó esta restricción, permitiendo que el acusado regrese al lugar donde ocurrieron los hechos.
La decisión judicial ha generado controversia. Vecinos de Olinalá han expresado su preocupación, argumentando que la imagen del fraccionamiento y la seguridad de sus habitantes están en riesgo. En redes sociales, el caso se viralizó rápidamente, con usuarios calificando a Arsuaga como un ejemplo de privilegio en un sistema que parece favorecer a quienes tienen recursos.
El cineasta no solo enfrenta críticas locales. En noviembre de 2024, el Festival Internacional de Cine de Véneto, en Italia, anunció que retiraría los premios otorgados a sus trabajos tras conocer la agresión. Esta sanción internacional marcó un duro golpe a la reputación de Arsuaga, quien hasta entonces había sido reconocido en festivales de cine.
A pesar de la gravedad de los cargos, el proceso legal ha avanzado lentamente. La audiencia intermedia, programada inicialmente para enero de 2025, fue aplazada varias veces, y la resolución reciente del juez ha avivado el debate sobre si las autoridades están actuando con firmeza o cediendo ante presiones. Los cargos por robo con violencia y lesiones siguen vigentes, pero el regreso de Arsuaga a Olinalá ha dejado un sabor amargo entre los denunciantes.
La Asociación Civil Unión de Colonos de Olinalá ha lamentado que este tipo de incidentes afecten la percepción de seguridad en el fraccionamiento. En un comunicado, señalaron que continuarán exigiendo justicia y transparencia en el caso, mientras los habitantes del sector temen que la presencia de Arsuaga pueda generar nuevos conflictos.
El caso pone en el reflector los problemas de violencia y la percepción de impunidad en zonas residenciales exclusivas. Mientras la investigación sigue su curso, la sociedad regiomontana se pregunta si este desenlace refleja un sistema judicial débil o un trato preferencial para figuras públicas. La última palabra aún está por escribirse.