Alberto Lamas, quien fuera el brazo derecho del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, ha sido vinculado a proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. La acusación señala un presunto desvío de 150 millones de pesos en perjuicio de la Comisión Estatal del Agua, un caso que destapa irregularidades durante la administración del priista, asesinado en 2020.
La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco logró que un juez ordenara la vinculación de Lamas tras una audiencia que se extendió por cinco horas. El exfuncionario, detenido en Tijuana en febrero de 2024, enfrentó un proceso que se repuso luego de que su defensa obtuviera un amparo para anular una resolución previa. Ahora, las autoridades han reforzado el caso en su contra.
El delito que se le imputa está relacionado con la adjudicación irregular de un contrato de publicidad. Según las investigaciones, Lamas gestionó de manera indebida recursos públicos para campañas que, presuntamente, no cumplían con los objetivos de la Comisión Estatal del Agua. Este desvío habría ocurrido durante su gestión como jefe de gabinete.
Durante el gobierno de Sandoval, Lamas ocupó varios cargos clave. Fue coordinador de dependencias auxiliares, jefe de gabinete y representante del gobierno de Jalisco en la Ciudad de México. Su influencia en la administración lo convirtió en una figura central, pero ahora su pasado lo alcanza con estas graves acusaciones.
El juez impuso medidas cautelares estrictas. Lamas deberá firmar cada 15 días ante la autoridad judicial y tiene prohibido salir del país, con sus documentos migratorios retenidos. Además, se le dictó resguardo domiciliario por seis meses, una decisión que busca garantizar que enfrente el proceso en curso.
Este caso no es el único que mancha la administración de Sandoval. Otros exfuncionarios han sido señalados por irregularidades, como el exdirector de la Comisión Estatal del Agua, Felipe “N”, vinculado a proceso en 2022 por hechos similares. La gestión del exgobernador priista sigue bajo escrutinio por presuntos actos de corrupción.
El escándalo de Lamas también pone en la mira el manejo de recursos públicos en Jalisco. Las propiedades valuadas en más de 87 millones de pesos que el exfuncionario adquirió en municipios como Guadalajara han levantado sospechas sobre el origen de su riqueza, según documentos revelados en investigaciones previas.
La vinculación a proceso de Lamas es un paso más en la lucha contra la corrupción en el estado. Sin embargo, el caso sigue abierto, y las autoridades deberán presentar pruebas sólidas para sostener las acusaciones. Mientras tanto, la sombra de las irregularidades continúa persiguiendo a quienes formaron parte del gobierno de Aristóteles Sandoval.
Este nuevo capítulo judicial reaviva el debate sobre la transparencia y el uso de recursos públicos en Jalisco. La ciudadanía espera respuestas claras y justicia en un caso que expone las fallas de una administración que prometía desarrollo, pero que ahora enfrenta señalamientos por desvíos millonarios.