Hugo Aguilar Ortiz, como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha generado un intenso debate al justificar la contratación de 70 asesores, argumentando que esta medida responde a un cambio radical en las funciones de su cargo, a diferencia de las presidencias anteriores que se limitaban a roles administrativos. Esta decisión, enmarcada en la reciente reforma judicial, ha avivado críticas sobre el uso de recursos públicos en el Poder Judicial, especialmente en un contexto donde el gobierno federal, liderado por Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum, promueve la austeridad y la eficiencia en el gasto. Sin embargo, la SCJN defiende que esta estructura es esencial para asumir un carácter jurisdiccional que permita resolver asuntos clave de manera más ágil y efectiva.
La polémica estalló tras la publicación en el portal oficial de la SCJN, donde se detalla que la Coordinación General de Asesores de la Presidencia contará con 70 funcionarios adscritos, sumados a 10 más en la Oficina de Presidencia. Esta cifra contrasta drásticamente con el esquema de la anterior ministra presidenta, Norma Piña Hernández, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre posibles excesos en el nombramiento de personal. Críticos, incluyendo voces opositoras al oficialismo, señalan que esta expansión podría interpretarse como un intento de consolidar influencia en un momento en que la reforma judicial impulsada por el Congreso, controlado por Morena, busca desmantelar estructuras tradicionales del Poder Judicial. No obstante, el comunicado oficial de la SCJN insiste en que Hugo Aguilar no busca emular las prácticas administrativas de sus predecesores, sino enfocarse en la resolución concreta de casos, lo que exige un equipo robusto de apoyo técnico y jurídico.
Reforma judicial transforma el rol de la presidencia en la SCJN
La justificación de Hugo Aguilar para los 70 asesores se ancla directamente en las modificaciones introducidas por la reforma judicial aprobada en 2024. Esta ley, promovida por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y continuada bajo el mandato de Claudia Sheinbaum, despojó a la presidencia de la SCJN de sus funciones administrativas, transfiriéndolas al recién creado Órgano de Administración Judicial. Este organismo, que reemplaza al Consejo de la Judicatura Federal, asume ahora la gestión operativa del tribunal, liberando al ministro presidente para dedicarse exclusivamente a labores jurisdiccionales.
Cambios estructurales y su impacto en el Poder Judicial
En esencia, la reforma busca una "democratización" del Poder Judicial, según el discurso oficial del gobierno federal, pero ha sido criticada por sectores como el PAN y el PRI por concentrar poder en instancias afines a Morena. Bajo esta nueva dinámica, Hugo Aguilar recibirá directamente asuntos para su ponencia, lo que implica el análisis detallado de proyectos que se presentarán ante el Pleno de la SCJN. Fuentes internas del tribunal explican que, sin este equipo ampliado de asesores, sería imposible manejar el volumen de casos acumulados, especialmente aquellos relacionados con derechos humanos, amparos contra políticas federales y disputas electorales. La contratación de estos 70 especialistas —abogados, analistas y auxiliares— se presenta como una respuesta pragmática a esta sobrecarga, aunque no se han detallado los perfiles exactos ni los salarios asignados, lo que alimenta sospechas de opacidad.
Además, la SCJN ha anunciado medidas compensatorias para mitigar las críticas. A partir del 1 de octubre de 2025, se reducirá en un 40% la plantilla inicial de apoyo, dejando una estructura más esbelta: siete secretarios de estudio y cuenta, ocho secretarios auxiliares y 25 personas de apoyo operativo. Esta poda, según el comunicado, responde a un ejercicio de eficiencia interna, pero no convence a todos. Observadores señalan que, incluso con esta reducción, el número total supera con creces lo que tenía Norma Piña, cuya gestión se jactaba de ser austera. En un país donde el presupuesto para el Poder Judicial ha sido recortado en un 15% por el gobierno de Sheinbaum, esta justificación de Hugo Aguilar resuena como un desafío al principio de austeridad republicana que tanto defiende el oficialismo.
Críticas y defensas en el contexto de la austeridad federal
La contratación de 70 asesores por Hugo Aguilar no ocurre en el vacío; se inserta en un panorama de tensiones entre el Ejecutivo y el Judicial. La presidenta Claudia Sheinbaum, en sus recientes declaraciones sobre la reforma, ha insistido en que el objetivo es eliminar privilegios y hacer justicia más accesible al pueblo, pero acciones como esta en la SCJN parecen contradecir ese mensaje. Analistas políticos argumentan que, al asumir un rol más jurisdiccional, Aguilar podría influir directamente en fallos que afecten agendas clave de Morena, como la Guardia Nacional o las megaproyectos energéticos. Esto genera un sensacionalismo inevitable: ¿es esta expansión un blindaje contra intervenciones externas o un paso hacia la politización del máximo tribunal?
Por otro lado, defensores de la medida, alineados con la visión progresista del gobierno federal, destacan que las presidencias anteriores, como la de Arturo Zaldívar o Norma Piña, priorizaban lo administrativo, dejando rezagados los expedientes urgentes. Hugo Aguilar, en contraste, promete resolver asuntos con celeridad, lo que podría agilizar la impartición de justicia en temas como la corrupción en secretarías de Estado o los conflictos agrarios en estados gobernados por la oposición. Sin embargo, la falta de transparencia en la selección de estos asesores —quiénes son, qué experiencia traen y cómo se financian— abre la puerta a acusaciones de nepotismo, un mal endémico que el morenismo juró erradicar.
Reducción de seguridad: un gesto simbólico de contención
Otro aspecto que la SCJN resalta en su defensa es la disminución en el número de personal de seguridad asignado a Hugo Aguilar. Esta medida, implementada desde el arranque de su gestión, se enmarca como un compromiso con la austeridad, alineándose con las directrices de la Secretaría de la Función Pública. En un México donde la inseguridad es un reclamo constante contra el gobierno federal, este recorte podría interpretarse como un gesto de humildad, aunque no compensa el costo estimado de los 70 asesores, que podría superar los 50 millones de pesos anuales según cálculos preliminares de expertos en finanzas públicas.
En las últimas semanas, el debate se ha intensificado en foros legislativos, donde diputados de Morena defienden la reforma como un avance histórico, mientras que la oposición la califica de asalto al equilibrio de poderes. La justificación de Hugo Aguilar para los 70 asesores se convierte así en un microcosmos de estas tensiones: un Poder Judicial en transición, forzado a adaptarse a un marco legal que prioriza la eficiencia sobre la tradición, pero bajo la lupa de un Ejecutivo que no tolera disidencias.
Mirando hacia el futuro, esta estructura podría marcar un precedente para cómo se resuelven asuntos en la SCJN bajo la influencia de la reforma. Si Aguilar logra demostrar que los asesores agilizan fallos clave, podría silenciar a los críticos; de lo contrario, alimentará el fuego de las acusaciones de derroche. En un contexto donde la confianza en las instituciones judiciales está en mínimos históricos, cada decisión cuenta.
Como se desprende de reportes recientes en portales especializados en temas judiciales, esta controversia refleja patrones observados en transiciones previas del Poder Judicial. De igual modo, declaraciones de analistas en medios independientes subrayan cómo la reforma ha reconfigurado dinámicas internas sin alterar del todo el núcleo operativo. Finalmente, en círculos cercanos al tribunal, se menciona que el comunicado oficial de la SCJN sirvió de base para estas aclaraciones, aunque persisten dudas sobre su implementación real.