La utilización de niños y adolescentes por grupos del crimen organizado en México se ha convertido en una práctica habitual que genera profunda preocupación. Según Rocío Aznar, jefa de Protección de la Infancia de Unicef en México, este problema es una de las vulneraciones más graves a los derechos de los menores, exponiéndolos a niveles extremos de violencia.
Un informe de la Universidad de Guadalajara revela datos estremecedores: en Jalisco, entre enero y abril de 2025, se reportaron 122 desapariciones de personas de 15 a 19 años, siendo el reclutamiento forzado por cárteles como el Jalisco Nueva Generación una de las principales causas. Los adolescentes están en el centro de esta crisis, atrapados en un entorno donde la violencia es cotidiana.
Juan Rodríguez, especialista de Unicef, explica que los grupos criminales aprovechan la vulnerabilidad de los menores. Los reclutan porque son más económicos y enfrentan penas menores en comparación con los adultos. Desde roles como mensajeros hasta sicarios, los menores son forzados a participar en actividades que los exponen a riesgos mortales.
La falta de acción contundente del gobierno agrava esta situación. Unicef señala que no existen cifras oficiales sobre el número de menores reclutados, ya que el delito no está tipificado en México. Esta omisión dificulta conocer la magnitud del problema y diseñar estrategias efectivas para combatirlo.
Aznar subraya que el reclutamiento de menores debe ser considerado forzado en todos los casos, ya que los adolescentes, aún en desarrollo, no tienen la capacidad de consentir libremente. Sin embargo, en muchos casos, son los propios menores quienes enfrentan juicios, mientras los verdaderos responsables, los reclutadores, evaden la justicia.
El impacto en los menores es devastador. Quienes son reclutados presencian, sufren y, en ocasiones, cometen actos de violencia extrema. Esto no solo pone en riesgo su vida, sino que también destruye su infancia y su futuro, dejándolos con secuelas físicas y psicológicas profundas.
Unicef hace un llamado urgente al Estado mexicano para que implemente una política integral de prevención y atención al reclutamiento de menores. La organización insiste en que es necesario ir más allá de medidas temporales y establecer un marco legal que proteja a los niños y adolescentes de esta forma de explotación.
La Red por los Derechos de la Infancia en México estima que al menos 30,000 menores han sido cooptados por el crimen organizado. Siete estados, incluyendo Jalisco, Estado de México y Michoacán, concentran la mayor parte de la población infantil en riesgo, lo que refleja la magnitud de esta crisis.
La violencia armada también se relaciona con el aumento de homicidios entre adolescentes, que se han convertido en una de las principales causas de muerte en este grupo. Este panorama evidencia la urgencia de acciones coordinadas para rescatar a los menores y garantizarles un entorno seguro.
La infancia mexicana merece la oportunidad de sanar y reconstruir su vida. Unicef insiste en que los menores reclutados deben ser tratados como víctimas, no como delincuentes, y que el Estado debe asumir su responsabilidad para frenar esta alarmante práctica que amenaza el futuro de miles de niños y adolescentes.