La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que presentará una denuncia penal contra la jueza Jovita Vargas Alarcón, a quien acusa de otorgar una protección indebida al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Según la FGR, la jueza favoreció al exmandatario al aplazar tres meses una audiencia clave en el proceso penal en su contra.
Aureoles, exgobernador de Michoacán entre 2015 y 2021, enfrenta una orden de aprehensión por presuntos delitos de peculado, administración fraudulenta, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las acusaciones están relacionadas con un desvío de más de 3 mil 400 millones de pesos en la construcción de siete cuarteles de la Guardia Civil en el estado.
El 9 de mayo, la jueza Vargas Alarcón, del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, ordenó la comparecencia personal de Aureoles para ratificar su firma en un amparo que le otorga una suspensión provisional contra su detención. Sin embargo, el exgobernador no se presentó a la audiencia, lo que generó controversia.
La FGR señaló que, a pesar de la ausencia de Aureoles, la jueza aceptó un escrito no ratificado presentado por su defensa y lo consideró como comparecido. Esta decisión permitió al exmandatario evitar la ratificación de la orden de aprehensión en su contra, lo que la Fiscalía calificó como una acción parcial e injusta.
Además, la jueza reprogramó la audiencia para el 20 de agosto, un plazo que la FGR considera excesivo y contrario al artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece un máximo de 15 días para este tipo de diligencias. La Fiscalía sostiene que no hay justificación legal para la demora.
La FGR también presentó un incidente ante el Poder Judicial de la Federación para demostrar que la firma en la solicitud de amparo no pertenece a Aureoles. Este hecho refuerza las sospechas de irregularidades en el proceso y la supuesta protección otorgada por la jueza al exgobernador.
Aureoles, quien permanece prófugo de la justicia, ha sido señalado por el actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, en más de 13 denuncias relacionadas con irregularidades durante su administración. Entre los casos más graves está el sobreprecio en los cuarteles, cuyo costo real no superaba los 700 millones de pesos, pero se pagaron 4 mil millones.
La denuncia penal contra la jueza Vargas Alarcón se suma a una queja procesal que la FGR presentará ante el Consejo de la Judicatura Federal. Estas acciones buscan sancionar lo que la Fiscalía considera una obstrucción a la justicia en un caso de alto perfil.
El caso de Silvano Aureoles ha generado críticas hacia el Poder Judicial, con señalamientos de que ciertos jueces podrían estar protegiendo a figuras políticas acusadas de corrupción. La FGR insiste en que nadie debe estar por encima de la ley.
Mientras tanto, la audiencia inicial en la que Aureoles será imputado por los delitos señalados está programada para el 20 de agosto en el Reclusorio Oriente, bajo la supervisión de la jueza Patricia Sánchez Nava, quien inicialmente emitió la orden de aprehensión.