La contaminación del Arroyo Topo Chico en San Nicolás, Nuevo León, ha desatado una nueva polémica. Diputados locales han alzado la voz para exigir sanciones severas contra quienes han convertido este afluente en un foco de desechos industriales. La situación, que lleva años afectando a las comunidades cercanas, ha llegado a un punto crítico tras el reciente derrame de una sustancia azul que tiñó las aguas del arroyo.
El caso más reciente involucra a la empresa Pyosa, señalada por descargar un líquido contaminante en el arroyo. Las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León confirmaron que la sustancia proviene de un drenaje pluvial cercano a las instalaciones de la compañía. Este incidente no es aislado, ya que el arroyo ha sido víctima de múltiples derrames, como el líquido rojo detectado en septiembre de 2024, presuntamente ligado a una empresa de alimentos.
Los legisladores, encabezados por figuras del Congreso local, han pedido que se apliquen las sanciones máximas contempladas en la ley. Argumentan que la negligencia de las empresas y la falta de vigilancia han generado un daño ambiental irreparable. El Arroyo Topo Chico, que atraviesa zonas residenciales e industriales, es vital para el ecosistema de la región, pero hoy está en riesgo.
La Secretaría de Medio Ambiente ha suspendido temporalmente las operaciones de Pyosa mientras se realizan investigaciones. El titular de la dependencia, Alfonso Martínez Muñoz, aseguró que no habrá tolerancia para los responsables. Sin embargo, los vecinos de colonias como Las Puentes y Jorge Treviño denuncian que el problema persiste desde hace años sin soluciones definitivas.
El impacto de la contaminación no solo afecta el medio ambiente, sino también la salud de los habitantes. Estudios han señalado la presencia de partículas tóxicas en el agua, lo que podría derivar en enfermedades graves para quienes viven cerca del arroyo. La preocupación crece entre las familias, que temen por la calidad del agua y el aire en la zona.
Los diputados también han criticado la falta de coordinación entre el gobierno estatal y municipal para abordar el problema. Aunque se han invertido millones de pesos en obras como la ampliación hidráulica del arroyo, los resultados no han sido suficientes para prevenir los derrames. La presión aumenta para que las autoridades implementen medidas más estrictas.
Organizaciones ambientalistas se han sumado al reclamo, exigiendo no solo castigos, sino también planes de restauración para el Arroyo Topo Chico. Proponen la creación de un sistema de monitoreo permanente y la obligatoriedad de tecnologías limpias para las empresas cercanas. La sociedad civil espera que este caso marque un precedente en la lucha contra la contaminación industrial.
El gobierno de Nuevo León, liderado por Samuel García, ha prometido actuar con firmeza. Sin embargo, la desconfianza prevalece entre los ciudadanos, quienes recuerdan promesas similares en el pasado que no se cumplieron. La pregunta ahora es si las sanciones serán suficientes para frenar el deterioro ambiental en la región.
La situación del Arroyo Topo Chico refleja un problema más amplio en Nuevo León, donde la contaminación industrial sigue siendo un desafío. Mientras las autoridades y los legisladores debaten, los habitantes de San Nicolás esperan soluciones concretas para recuperar un entorno que ha sido parte de su vida por generaciones.