Carlos Pérez Corona, elemento de la Policía Vial, fue liberado tras cuatro días de detención ilegal, según reveló en una rueda de prensa en el hotel Quality Inn de Chihuahua. La detención, ocurrida el 24 de septiembre de 2024, fue ordenada por el subsecretario de movilidad César Komaba, quien lo citó a su oficina, donde supuestos agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) lo arrestaron sin mostrar identificaciones.
Pérez Corona narró que fue trasladado a Ciudad Juárez y otras ciudades antes de ser internado en el penal de Almoloya, Estado de México. Durante esos días, afirmó, no se le presentaron pruebas que justificaran su detención. La liberación se dio precisamente por la falta de evidencia en su contra, lo que pone en tela de juicio los procedimientos de las autoridades.
El caso ha generado controversia, ya que Pérez Corona denunció que su familia fue víctima de extorsión durante su encarcelamiento. Según su testimonio, desconocidos aprovecharon la situación para exigir dinero a sus seres queridos, quienes vivieron momentos de angustia e incertidumbre.
El elemento de la Policía Vial también señaló irregularidades en su proceso. Afirmó que nunca se le informó claramente sobre los cargos en su contra y que los supuestos agentes de la FGR actuaron sin transparencia. Este hecho levanta sospechas sobre posibles abusos de autoridad en el caso.
Durante la rueda de prensa, Pérez Corona exigió que se limpie su nombre, ya que asegura no tener ninguna relación con el delito de secuestro, del cual se le acusó inicialmente. También solicitó que su salario, que fue suspendido durante el proceso, sea reintegrado a la normalidad.
El caso pone en el reflector los problemas dentro de las corporaciones de seguridad en Chihuahua. La detención sin pruebas y el traslado a un penal de máxima seguridad como Almoloya han sido criticados por defensores de derechos humanos, quienes piden una investigación a fondo.
Pérez Corona destacó que su experiencia no es un caso aislado. Señaló que otros elementos de seguridad han enfrentado situaciones similares, lo que evidencia fallas en los protocolos de detención y en la coordinación entre las autoridades estatales y federales.
La liberación de Pérez Corona no cierra el caso. Las autoridades de Chihuahua enfrentan ahora el reto de esclarecer quiénes fueron los responsables de la detención ilegal y qué medidas se tomarán para evitar que situaciones como esta se repitan en el futuro.
Este incidente subraya la fragilidad del sistema de justicia en la región. La falta de transparencia y las acusaciones sin fundamento no solo afectan a los elementos de seguridad, sino que también erosionan la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
La historia de Pérez Corona es un recordatorio de los retos que enfrenta Chihuahua en materia de seguridad y justicia. Mientras no se garanticen procesos transparentes y se castigue a los responsables de abusos, casos como este seguirán generando indignación y desconfianza.