Un grave fallo en la seguridad aérea de Estados Unidos ha quedado al descubierto. La Administración Federal de Aviación (FAA) admitió que la línea directa que conecta el Pentágono con los controladores aéreos del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en Washington, no funciona desde 2022. Esta revelación surge tras un trágico accidente que ha encendido las alarmas sobre la coordinación en el espacio aéreo de la capital estadounidense.
El pasado 29 de enero, un helicóptero militar Black Hawk colisionó con un avión de pasajeros de American Airlines que llegaba de Wichita, Kansas. El choque, ocurrido durante la aproximación al aeropuerto, dejó un saldo devastador de 67 personas fallecidas. La FAA, en una audiencia ante el Senado, reconoció que desconocía que esta línea de comunicación, crucial para coordinar aeronaves, estuviera PORTADA, no estaba operativa.
Franklin McIntosh, subdirector de operaciones de la FAA, expresó su consternación por el incidente, el más mortífero en una década en Estados Unidos. Durante la audiencia, aseguró que la agencia no tenía conocimiento de la falla hasta que el Ejército anunció, el 5 de mayo, la suspensión de vuelos de entrenamiento con helicópteros cerca del Pentágono.
La responsabilidad de mantener esta línea recae en el Departamento de Defensa, según la FAA. Sin embargo, la falta de comunicación efectiva entre las autoridades militares y civiles pone en evidencia serias deficiencias en los protocolos de seguridad aérea. La FAA ha exigido que la línea sea reparada antes de reanudar operaciones conjuntas con el Pentágono.
El senador Ted Cruz, presidente de la comisión que investiga el caso, anunció que la FAA está considerando suspender el acuerdo que permite al Ejército operar sin autorización previa para cada vuelo. Esta medida busca reforzar los controles y evitar futuros incidentes en un espacio aéreo tan sensible como el de Washington.
El accidente ha desatado críticas sobre la gestión del tráfico aéreo en el Aeropuerto Ronald Reagan. Informes preliminares sugieren que el helicóptero pudo haber tenido lecturas erróneas de altitud, y que su tripulación no atendió instrucciones clave de los controladores. Además, la torre de control estaba operando con personal reducido, combinando funciones que normalmente se dividen entre dos controladores.
La tragedia ha generado demandas legales. Rachel Crafton, viuda de una de las víctimas, reclama 500 millones de dólares al Ejército y la FAA por presuntas negligencias. Su abogado argumenta que las fallas en la comunicación y la falta de personal en la torre contribuyeron al desastre.
Este incidente se suma a otros eventos recientes que han puesto en tela de juicio la seguridad en el aeropuerto. En abril, dos aviones de American Eagle chocaron en tierra, y en mayo, un helicóptero militar cruzó la trayectoria de dos vuelos comerciales, forzando maniobras de emergencia. Estos episodios subrayan la urgencia de revisar los procedimientos en uno de los aeropuertos más concurridos del país.
Las autoridades han extendido la prohibición de vuelos de helicópteros en la ruta donde ocurrió la colisión, mientras continúan las investigaciones. La presión crece para que el Departamento de Defensa y la FAA implementen medidas efectivas que garanticen la seguridad de los pasajeros y eviten que una tragedia similar vuelva a ocurrir.