En un nuevo capítulo de la trama de corrupción en Chihuahua, las autoridades han declarado a Pedro López Elías como el tercer prófugo en el caso del desvío de 98.6 millones de pesos durante la administración del exgobernador Javier Corral. Este escándalo, que sacude nuevamente al estado, involucra a figuras clave del pasado gobierno y revela la magnitud de las irregularidades financieras.
Pedro López Elías, propietario del despacho López Elías Finanzas Públicas, enfrenta una orden de aprehensión emitida por el juez penal Humberto Chávez Allende. La acusación lo señala como partícipe en un esquema de peculado que habría beneficiado a funcionarios de alto rango. López Elías no se presentó ante el juez, lo que lo convierte oficialmente en un evadido de la justicia.
El caso también involucra al exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, quien lleva 24 meses prófugo. Desde mayo de 2023, Fuentes Vélez ha evadido una orden de detención solicitada por la Fiscalía Anticorrupción. A pesar de haber obtenido un amparo inicialmente, su protección legal caducó, dejándolo vulnerable a ser capturado en cualquier momento.
Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, es el tercer implicado en esta red de corrupción. Una orden de aprehensión en su contra fue emitida en agosto de 2024, pero su nuevo cargo como senador le ha otorgado cierta inmunidad temporal. Este hecho ha generado críticas sobre la impunidad en el sistema político mexicano.
La investigación, liderada por la Fiscalía Anticorrupción, se centra en la causa penal 3050/2024. Según las autoridades, el desvío de 98.6 millones de pesos se habría realizado a través de maniobras financieras que involucraban al despacho de López Elías. Estos recursos, destinados originalmente al erario estatal, terminaron en manos desconocidas.
El fiscal Valenzuela ha señalado que las condiciones legales de los implicados no han cambiado, lo que significa que podrían ser detenidos en cualquier momento. Sin embargo, la falta de acción concreta para capturar a los prófugos ha generado cuestionamientos sobre la efectividad de las autoridades en este caso.
Este escándalo se suma a otras acusaciones contra la administración de Corral. La Auditoría Superior del Estado ha denunciado irregularidades en el manejo de recursos destinados a organismos como Fechac, Ficosec y la Cruz Roja, lo que amplía el alcance de las investigaciones sobre el daño patrimonial al estado.
La noticia ha causado indignación entre los chihuahuenses, quienes exigen justicia y transparencia. Mientras los tres prófugos permanecen en la sombra, la ciudadanía espera que las autoridades actúen con firmeza para esclarecer este caso y sancionar a los responsables.
El caso del desvío corralista pone en evidencia los retos que enfrenta Chihuahua en la lucha contra la corrupción. La impunidad de figuras políticas y la lentitud en los procesos judiciales alimentan la desconfianza en las instituciones.
A medida que se desarrollen las investigaciones, este caso promete seguir dando de qué hablar. La pregunta que queda en el aire es si la justicia logrará alcanzar a los responsables o si este será otro capítulo más de impunidad en la historia política del estado.