El alza del 30% al IEPS en cigarros representa una medida fiscal controvertida que podría tener repercusiones graves en el mercado tabacalero mexicano. Propuesta recientemente ante el Congreso de la Unión, esta iniciativa busca elevar la recaudación para destinar más fondos a la salud pública, pero expertos de la industria advierten que impulsaría el crecimiento exponencial del mercado ilegal de tabaco. Según análisis sectoriales, el impacto no solo afectaría la economía formal, sino que fortalecería redes criminales al duplicar la participación de productos ilícitos, pasando del actual 20% a cerca del 50% del consumo total. Esta situación genera preocupación por la pérdida de ingresos fiscales y el aumento de riesgos sanitarios y de seguridad.
En un contexto donde el consumo de tabaco sigue siendo un desafío de salud pública, el alza del 30% al IEPS en cigarros se presenta como una herramienta para desincentivar el hábito, pero sus efectos colaterales podrían ser contraproducentes. La propuesta, impulsada por el gobierno federal, implica un incremento significativo en el costo de las cajetillas, con un mínimo de 20 pesos adicionales por paquete a partir de 2026. Esto elevaría la cuota específica del impuesto de 0.6445 pesos por cigarro en 2025 a 1.1584 pesos por unidad en 2030, según el proyecto de reforma fiscal. Sin embargo, la industria tabacalera argumenta que tales incrementos históricos no han logrado reducir el número de fumadores, sino que han desviado el consumo hacia opciones no reguladas.
Impacto económico del alza del 30% al IEPS en cigarros
El alza del 30% al IEPS en cigarros no solo alteraría el panorama para los consumidores, sino que golpearía directamente la recaudación esperada del erario. En 2023, el mercado ilegal de tabaco ya representaba el 20.4% del consumo nacional, equivalente a una de cada cinco cajetillas vendidas en el país, de acuerdo con el estudio del Instituto Nacional de Salud Pública. Este porcentaje ha crecido un impresionante 240% desde 2017, cuando apenas llegaba al 8.5%, lo que ilustra cómo los aumentos previos al impuesto han fomentado el contrabando en lugar de controlarlo. Las pérdidas para el gobierno federal se estiman en 13,000 a 15,000 millones de pesos anuales, cifras que podrían multiplicarse con la nueva medida.
Crecimiento del mercado ilegal de tabaco
El mercado ilegal de tabaco se beneficiaría enormemente del alza del 30% al IEPS en cigarros, al ofrecer alternativas más baratas y accesibles para los fumadores sensibles al precio. Organizaciones como el Consejo Nacional de la Industria Tabacalera (Conainta) alertan que este escenario duplicaría la presencia de productos falsificados o importados ilegalmente, elevando su cuota al 50% del total. Este fenómeno no es nuevo: en 2024, pese a un incremento en los impuestos, la recaudación por IEPS en tabacos labrados cayó un 7%, de 50,400 millones de pesos en 2023 a 46,900 millones. El contrabando, proveniente principalmente de rutas transfronterizas, evade controles aduaneros y genera un circuito paralelo que socava la formalidad económica.
Además, el alza del 30% al IEPS en cigarros incentivaría prácticas delictivas asociadas, como la extorsión a pequeños comercios y la proliferación de marcas apócrifas. Estudios del Colegio de México destacan cómo los cigarros ilegales financian operaciones de crimen organizado, incluyendo narcotráfico y trata de personas. En regiones con alta incidencia delictiva, como el norte del país, este mercado paralelo ya representa una fuente rentable de lavado de dinero, y un aumento impositivo podría agravar esta dinámica, complicando esfuerzos de seguridad pública.
Consecuencias sanitarias y fiscales
Desde el punto de vista sanitario, el alza del 30% al IEPS en cigarros podría paradójicamente elevar riesgos al empujar a los consumidores hacia productos no regulados, que carecen de estándares de calidad y controles de contenido. El mercado ilegal de tabaco a menudo incluye sustancias adulteradas, incrementando la exposición a toxinas adicionales y facilitando el acceso de menores a estos bienes. La propuesta también impone un impuesto especial del 200% a alternativas de nicotina, como bolsas orales, lo que desincentiva opciones menos dañinas. Investigaciones internacionales citadas por la industria indican que estos productos generan hasta un 99% menos de sustancias tóxicas al evitar la combustión, posicionándolos como puentes hacia la reducción del daño.
Alternativas menos dañinas frente al IEPS
Las alternativas de nicotina emergen como un contrapunto clave al alza del 30% al IEPS en cigarros, pero el gravamen adicional del 200% las hace menos viables. En países como Suecia, la adopción masiva de productos orales ha reducido la tasa de tabaquismo al 5%, un logro atribuible a políticas que fomentan la innovación en lugar de penalizarla. En México, esta estrategia podría alinearse con metas de salud pública, promoviendo transiciones graduales sin alimentar el mercado ilegal de tabaco. Sin embargo, la rigidez fiscal actual ignora estas evidencias, priorizando recaudación inmediata sobre soluciones a largo plazo.
Fiscalmente, el alza del 30% al IEPS en cigarros promete ingresos extras para el gasto en salud, pero la historia reciente sugiere lo contrario. Aumentos pasados han fallado en cumplir metas de recaudación, desviando fondos hacia el crimen organizado en vez de al sistema de salud. La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) estima que el impacto neto sería negativo, con una contracción en ventas formales que no se compensa con el crecimiento ilícito. Este desequilibrio resalta la necesidad de reformas que equilibren incentivos, como mayor vigilancia aduanera y campañas contra el contrabando.
El debate alrededor del alza del 30% al IEPS en cigarros subraya tensiones entre salud pública y viabilidad económica en México. Mientras el gobierno busca fortalecer recursos para programas preventivos, la industria propone diálogos para integrar evidencia científica en la política fiscal. Un enfoque integral podría mitigar el auge del mercado ilegal de tabaco, protegiendo tanto la salud como las finanzas nacionales.
En discusiones recientes con representantes del sector, como las impulsadas por Conainta, se ha enfatizado la importancia de datos del Instituto Nacional de Salud Pública para modelar escenarios futuros. Asimismo, análisis de la Confederación de Cámaras Industriales han aportado perspectivas sobre las pérdidas fiscales reales, invitando a una revisión más profunda de las propuestas legislativas.
Finalmente, referencias a estudios del Colegio de México sobre la intersección entre tabaco ilícito y crimen organizado refuerzan la urgencia de acciones coordinadas, sin que ello implique concesiones a intereses particulares.
