El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ha enviado una iniciativa al Congreso estatal para reformar el Código Penal y sancionar penalmente la apología del delito, con un claro enfoque en prohibir los narcocorridos en eventos públicos. Esta medida apunta a frenar la glorificación de la violencia y el crimen organizado, un problema que, según el mandatario, afecta la percepción social y fomenta la inseguridad en el estado.
La propuesta surge tras la controversia generada por la agrupación Los Alegres del Barranco, quienes obtuvieron un amparo federal para interpretar temas que, según autoridades, promueven el crimen. Ramírez Bedolla calificó de “corruptos” a los jueces que otorgaron esta protección, asegurando que su reforma busca cerrar las brechas legales que permiten estos espectáculos.
La iniciativa establece penas de tres a seis meses de prisión y multas de 80 a 150 UMAS para quienes promuevan delitos a través de música, imágenes o cualquier medio de difusión en espacios públicos. Si el delito promovido se consuma, las sanciones serían aún más severas, equiparándose a la participación en el acto ilícito.
El gobernador argumenta que esta medida no busca censurar la libertad de expresión, sino impedir que la violencia se normalice en eventos masivos. Sin embargo, la Asociación Michoacana de Periodistas ha expresado preocupación, señalando que la redacción de la iniciativa es ambigua y podría afectar a medios que cubren temas de seguridad.
Ramírez Bedolla insistió en que la reforma se enfoca únicamente en espectáculos públicos, como conciertos y bailes, y no en el consumo privado de música. Según el mandatario, la medida está alineada con la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha criticado la apología del delito en el ámbito cultural.
La propuesta ha generado un debate intenso. Mientras algunos sectores aplauden el intento de frenar la glorificación del crimen, otros advierten sobre posibles riesgos a la libertad de expresión. El gobernador aseguró que se respetarán los derechos humanos, pero la prensa local exige mayor claridad en la legislación.
Esta no es la primera acción de Ramírez Bedolla contra los narcocorridos. En abril, firmó un decreto administrativo que prohíbe eventos públicos con este tipo de música, pero la nueva iniciativa busca ir más allá al establecer sanciones penales. El objetivo, según el gobierno, es recuperar la paz en un estado golpeado por la violencia.
El Congreso de Michoacán analizará la propuesta en los próximos días. De aprobarse, entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, marcando un precedente en la lucha contra la cultura de la violencia en el estado.