La Legislatura del Estado de México ha iniciado una investigación de oficio contra la alcaldesa de Capulhuac, Selene Hernández Herrera, tras las graves acusaciones de agresión física, verbal y sexual en contra de una trabajadora del Sistema Municipal DIF. La Contraloría Interna del Poder Legislativo está a cargo del caso, que ha generado indignación entre los habitantes del municipio.
El expediente, identificado como EI/DRA/A/099/2025, busca determinar si la alcaldesa incurrió en responsabilidades administrativas. Según las autoridades legislativas, el proceso incluye la recolección de informes y la audiencia de las partes involucradas para garantizar que no se violenten sus derechos. Este procedimiento podría extenderse un par de meses antes de que se determine una posible sanción.
La víctima, Miriam, una psicóloga del DIF municipal, denunció públicamente los hechos ocurridos el 2 de mayo de 2025. En un video difundido en redes sociales, visiblemente afectada, relató que fue agredida por la alcaldesa, su hija Andrea Sástiga Hernández y una policía municipal, Ana Lucía Ríos Cano. La denuncia detalla un ataque físico que dejó lesiones visibles en su rostro.
La respuesta de la comunidad no se hizo esperar. Desde el 5 de mayo, vecinos y familiares de la víctima se manifestaron frente al Palacio Municipal, exigiendo justicia y la destitución de Hernández Herrera. Incluso bloquearon la carretera Ocoyoacac-Capulhuac para visibilizar su demanda, mostrando el hartazgo de la población ante el presunto abuso de autoridad.
El Cabildo de Capulhuac también actuó. En una sesión extraordinaria el 7 de mayo, los regidores aprobaron por unanimidad solicitar al Congreso mexiquense la destitución de la alcaldesa. Este punto de acuerdo refleja el sentir de la ciudadanía, que busca que la funcionaria sea separada del cargo mientras se resuelve su situación legal.
Sin embargo, la Legislatura aún no ha recibido una petición formal del Ejecutivo estatal para iniciar un proceso de revocación de mandato, como lo establece la Ley Orgánica Municipal. Francisco Vázquez, presidente de la Junta de Coordinación Política, aclaró que el Congreso está a la espera de esta solicitud para proceder conforme a la ley, lo que podría incluir la intervención de la suplente o la designación de un nuevo titular.
El caso ha generado reacciones de los partidos políticos. El Comité Municipal del Partido del Trabajo, al que pertenece la alcaldesa, condenó los hechos y señaló que su conducta no representa los valores del partido. Por su parte, Morena en Capulhuac rechazó cualquier tipo de violencia y llamó a las autoridades a esclarecer el caso con apego a la ley.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya investiga la denuncia penal presentada por la víctima, quien cuenta con medidas de protección. Mientras tanto, la comunidad de Capulhuac permanece atenta a las decisiones de las autoridades, exigiendo que no haya impunidad en un caso que ha sacudido al municipio.
La investigación legislativa podría derivar en sanciones que van desde una amonestación hasta la inhabilitación de la alcaldesa por varios años. Este proceso, sumado a la presión social y las acciones del Cabildo, pone en el centro del debate la conducta de los funcionarios públicos y la respuesta de las instituciones ante acusaciones tan graves.
El futuro de la alcaldía de Capulhuac sigue en incertidumbre, mientras los habitantes esperan que las autoridades actúen con transparencia y justicia. El caso no solo ha expuesto un presunto abuso de poder, sino también la determinación de una comunidad que se niega a tolerar la violencia desde las esferas de gobierno.