En un intento por frenar los alarmantes casos de pinchazos en el transporte público de la Ciudad de México, legisladores locales han presentado una iniciativa que busca castigar esta práctica con penas de hasta cinco años de prisión. La propuesta, impulsada por la diputada Tania Larios del PRI, surge tras reportes que han encendido las alertas sobre la seguridad en el Metro, Metrobús y otros sistemas de transporte.
La iniciativa plantea tipificar el delito de “sumisión química por pinchazo”, una práctica que, según las autoridades, busca drogar o debilitar a las víctimas para facilitar robos, abusos u otros crímenes. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha registrado al menos 41 denuncias en los últimos meses, la mayoría en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, lo que ha generado preocupación entre los usuarios.
La propuesta establece sanciones que van desde seis meses hasta cinco años de cárcel, dependiendo de la gravedad del caso. Además, se busca que este delito sea perseguido de oficio, lo que significa que no será necesario que la víctima presente una denuncia formal para que las autoridades actúen. Este enfoque pretende agilizar las investigaciones y garantizar justicia para las víctimas.
Tania Larios, coordinadora del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, destacó que la iniciativa responde a la creciente inseguridad que enfrentan los capitalinos en su día a día. Los pinchazos, señaló, no solo representan un riesgo para la integridad física, sino que también generan un clima de miedo entre los usuarios del transporte público, especialmente mujeres.
La Fiscalía ha confirmado que en al menos 15 de los casos denunciados se encontraron lesiones compatibles con punción, mientras que otros reportes muestran rasguños o escoriaciones. Hasta el momento, tres personas han sido detenidas en relación con estos incidentes, pero las autoridades reconocen que el problema podría ser más extenso de lo reportado.
El PAN, por su parte, ha exigido al gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Morena, tratar este tema como una emergencia de salud pública y seguridad. Los legisladores opositores critican la falta de acciones contundentes para proteger a los ciudadanos, mientras los casos de pinchazos siguen sumándose.
La propuesta también contempla medidas preventivas, como reforzar la capacitación de los conductores de transporte público y aumentar la presencia policial en estaciones y unidades. Sin embargo, algunos legisladores advierten que estas acciones podrían no ser suficientes si no se ataca de raíz la impunidad que permite estos delitos.
La discusión de la iniciativa está en marcha en el Congreso local, y se espera que en las próximas semanas se defina su aprobación. Mientras tanto, los habitantes de la capital exigen medidas urgentes para viajar seguros en un sistema de transporte que, para muchos, es su única opción de movilidad diaria.