Un giro inesperado sacude al país: 17 familiares de Joaquín “El Chapo” Guzmán, incluidos la madre de Ovidio Guzmán, Griselda López Pérez, se entregaron al FBI en Estados Unidos. Este movimiento, confirmado por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, responde a una negociación directa entre Ovidio Guzmán y las autoridades estadounidenses.
La entrega ocurrió el viernes 9 de mayo, cuando los familiares cruzaron la garita de San Ysidro, en la frontera entre Tijuana y San Diego. Según Harfuch, este grupo, que incluye sobrinos, una hija y un yerno del “Chapo”, no era buscado por las autoridades mexicanas, lo que facilitó su traslado al país vecino.
Ovidio Guzmán, detenido en México en enero de 2023 y extraditado a Estados Unidos en septiembre del mismo año, está en el centro de esta maniobra. Fuentes señalan que el hijo del “Chapo” negocia un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, programado para formalizarse el 9 de julio en Chicago.
El traslado de los familiares no es casualidad. Harfuch reveló que la violencia en Sinaloa, marcada por enfrentamientos entre “Los Chapitos” y la facción de “Los Mayos”, pudo haber motivado a Ovidio a solicitar la reubicación de su familia. Este conflicto armado ha desatado una ola de inseguridad que mantiene en vilo a la región.
Griselda López, exesposa del “Chapo” y madre de Ovidio, es una figura clave en esta entrega. Aunque no estaba bajo investigación en México, su presunta participación en actividades del Cártel de Sinaloa la coloca en el radar de las autoridades estadounidenses. Su traslado, junto con el de otros 16 familiares, levanta sospechas sobre los alcances del acuerdo.
La falta de transparencia del gobierno mexicano en este caso es alarmante. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó no tener detalles sobre la entrega, limitándose a señalar que Estados Unidos debe informar a la Fiscalía General de la República. Esta opacidad genera dudas sobre la coordinación entre ambos países.
Mientras tanto, la negociación de Ovidio podría tener implicaciones profundas para el Cártel de Sinaloa. La entrega de su hermano Joaquín Guzmán López en julio de 2024, junto con Ismael “El Mayo” Zambada, ya había sacudido la estructura criminal. Ahora, con más familiares en Estados Unidos, se especula sobre un posible programa de testigos protegidos.
La violencia en Sinaloa no da tregua, y este episodio pone en evidencia la incapacidad del gobierno para controlar la situación. Las detenciones de 1,221 personas y el decomiso de 1,954 armas en la entidad, citadas por Harfuch, no parecen suficientes para frenar la escalada de enfrentamientos entre facciones del crimen organizado.
Este caso destapa, una vez más, las conexiones entre el narcotráfico y las negociaciones internacionales, mientras México sigue sumido en una crisis de seguridad. La pregunta que queda en el aire es: ¿qué más oculta el gobierno detrás de este acuerdo?
La audiencia de Ovidio en julio será clave para entender el futuro de “Los Chapitos” y el impacto de estas entregas en la lucha contra el crimen organizado. Por ahora, la salida de la familia Guzmán a Estados Unidos es un recordatorio de que la inseguridad sigue marcando el rumbo del país.