Aumento 5.8% en el gasto en salud representa un paso insuficiente para materializar el sistema de salud universal en México, según análisis de expertos y organizaciones especializadas. Este incremento, propuesto en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2024, eleva el presupuesto a 962,369 millones de pesos, un avance nominal del 5.8% respecto al año en curso. Sin embargo, este ajuste no logra cerrar la brecha histórica de subinversión en el sector, dejando al país por debajo de las recomendaciones internacionales y agravando las carencias de acceso para millones de mexicanos.
El contexto de este aumento 5.8% en el gasto en salud se enmarca en el último año de la actual administración federal, un periodo marcado por promesas electorales y presiones presupuestarias. A pesar de que la salud se posiciona como la cuarta función con mayor asignación en el PPEF, los niveles absolutos siguen siendo alarmantemente bajos. La investigadora Judith Méndez, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), califica esta situación como irónica, especialmente cuando el paquete económico incluye un techo de endeudamiento interno de 1.9 billones de pesos. "Un sistema de salud universal y con financiamiento suficiente sigue pendiente", enfatiza, recordando que durante el periodo 2018-2024, el presupuesto en salud se ha mantenido por debajo del 3% del Producto Interno Bruto (PIB), lejos del 6% mínimo sugerido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Desafíos presupuestarios en el sector salud
Por qué el aumento 5.8% no alcanza las metas
El aumento 5.8% en el gasto en salud, aunque bienvenido en un año electoral, no compensa la tendencia descendente observada en los últimos años. Para contextualizar, este porcentaje se traduce en un gasto que apenas roza el 2.8% del PIB en 2024, un nivel que contrasta drásticamente con las necesidades reales del sistema. Expertos como Jorge Cano, de México Evalúa, calculan que para alinearse con el estándar de la OMS, México requeriría duplicar su inversión actual, destinando alrededor de 2 billones de pesos al sector. Esta cifra colocaría el presupuesto en salud a la par de los recursos asignados a pensiones, que absorben el 22% del total presupuestario, o incluso superaría el 13.9% dedicado al servicio de la deuda.
La subinversión crónica se evidencia en indicadores clave de acceso. Entre 2018 y 2022, la población con carencia de servicios de salud pasó del 16.2% al 39.1%, según datos de Fundar, una organización que ha monitoreado de cerca la evolución presupuestal. Este deterioro no solo refleja la insuficiencia de fondos, sino también fallas estructurales en la gestión. El gasto per cápita en salud, por ejemplo, ha retrocedido a 2,200 pesos en la actualidad, comparado con los 2,700 pesos de 2012, lo que limita la capacidad de atención en hospitales y clínicas públicas.
Hacia un sistema de salud universal: barreras y recomendaciones
Financiamiento y reforma fiscal como pilares pendientes
Lograr un sistema de salud universal exige más que un aumento 5.8% en el gasto en salud; demanda una reforma integral que aborde el financiamiento y la eficiencia operativa. Organizaciones como Fundar insisten en la urgencia de revertir la tendencia de bajos presupuestos, destacando que el sector salud compite con prioridades como educación y seguridad en un entorno de recursos limitados. Una de las propuestas recurrentes es fortalecer el Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi), recuperando su operación y mejorando la transparencia para evitar usos discrecionales que diluyan su impacto.
En este panorama, la ausencia de una reforma fiscal integral agrava el problema. La última modificación significativa data de 2014, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y desde entonces, los ingresos tributarios han estancado. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advierte que la dependencia de la deuda representa el 19.2% de los ingresos presupuestarios totales, un escenario derivado de la baja recaudación y proyecciones desfavorables en ingresos petroleros. Sin una actualización fiscal que eleve la base gravable, el aumento 5.8% en el gasto en salud se percibe como un parche temporal, incapaz de sostener un modelo universal inclusivo.
Además, transitar hacia la universalidad implica no solo inyectar más recursos, sino optimizarlos. Mejoras en la infraestructura, la digitalización de registros médicos y la coordinación entre instituciones como el IMSS y el ISSSTE son esenciales. Países como Brasil o Canadá, con sistemas universales consolidados, destinan consistentemente más del 8% de su PIB a salud, lo que les permite cubrir al 100% de su población sin brechas significativas. En México, este modelo parece distante, pero expertos coinciden en que un compromiso sostenido podría reducir las desigualdades regionales, donde estados del sur enfrentan tasas de desatención superiores al 50%.
El impacto del aumento 5.8% en el gasto en salud también se mide en términos de equidad. Mientras el presupuesto total para 2024 asciende a 9.06 billones de pesos, la salud solo captura el 10.6%, una porción modesta que no aborda la creciente demanda por envejecimiento poblacional y enfermedades crónicas. La pandemia de COVID-19 expuso estas vulnerabilidades, con un exceso de mortalidad que subrayó la necesidad de inversión proactiva. Ahora, con elecciones en el horizonte, surge la interrogante de si el próximo sexenio priorizará esta agenda, o si el ciclo de promesas incumplidas se repetirá.
Comparaciones internacionales y lecciones para México
El rol de la OMS en las metas de inversión
La recomendación de la OMS de destinar al menos el 6% del PIB a salud no es un capricho, sino un umbral basado en evidencias globales para garantizar cobertura básica. México, con su actual 2.8%, se ubica entre los rezagados de América Latina, donde naciones como Chile o Costa Rica superan el 5%. Este desbalance no solo afecta la calidad de atención, sino también la productividad económica, ya que enfermedades prevenibles generan pérdidas anuales estimadas en miles de millones de pesos por ausentismo laboral y hospitalizaciones evitables.
Para ilustrar, si se aplicara el estándar internacional, el presupuesto en salud podría expandirse a niveles que financien programas preventivos masivos, como campañas de vacunación universal o detección temprana de cáncer. En cambio, el aumento 5.8% en el gasto en salud se diluye en gastos corrientes, dejando poco margen para innovación. Analistas del CIEP proponen un enfoque multifacético: combinar mayor recaudación fiscal con alianzas público-privadas, siempre bajo estrictos controles de rendición de cuentas.
En el largo plazo, el desafío trasciende números y se adentra en la voluntad política. El sistema de salud mexicano, fragmentado entre seguros sociales y programas asistenciales, requiere una unificación que el actual presupuesto no propicia. Mientras tanto, la población vulnerable –rurales, indígenas y de bajos ingresos– sigue pagando el costo de esta inercia, con tasas de mortalidad infantil y materna que superan promedios regionales.
Reflexionando sobre estos datos, surge una perspectiva crítica: el aumento 5.8% en el gasto en salud, aunque un gesto positivo, resalta la desconexión entre discursos oficiales y realidades presupuestarias, como lo han documentado informes detallados de Fundar en sus análisis anuales de egresos federales. De manera similar, las observaciones de México Evalúa sobre la necesidad de duplicar recursos para alinearse con estándares globales invitan a una revisión profunda de prioridades nacionales. Finalmente, las advertencias del IMCO respecto a la sostenibilidad fiscal, basadas en proyecciones de ingresos tributarios, subrayan que sin reformas estructurales, el camino hacia la universalidad permanecerá esquivo, un tema que expertos como Judith Méndez han explorado en profundidad en publicaciones del CIEP.
