Ciudad Juárez, Chihuahua, se ha posicionado como el epicentro del secuestro en el país, con cifras que alarman a la población. En el primer trimestre de 2025, esta frontera registró 14 casos de secuestro, representando el 11.86% del total nacional, a pesar de que los delitos de este tipo se concentran en solo el 2.94% de los municipios mexicanos. Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan una situación crítica.
De los 14 casos reportados en Juárez, 12 fueron secuestros extorsivos, donde los criminales buscan obtener un rescate o algún beneficio económico. Estos incidentes dejaron un total de 58 víctimas, incluyendo dos mujeres menores de edad, cinco mujeres adultas, dos hombres menores y 48 hombres adultos. La magnitud de los afectados en una sola ciudad pone en evidencia la gravedad del problema.
Solo dos casos se registraron bajo una modalidad distinta, con víctimas tratadas como rehenes. Entre ellas, se encuentran dos hombres adultos y una menor de 18 años. Este tipo de crímenes, aunque menos frecuentes, reflejan la diversidad de tácticas que emplean los delincuentes en la región.
La Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas ha reportado un aumento progresivo en los secuestros de ciudadanos locales. En lo que va de 2025, hasta el 5 de mayo, se han documentado 15 casos de secuestro extorsivo en el estado, con cinco en febrero, tres en marzo y seis en abril. La falta de resultados concretos para frenar esta ola de violencia genera preocupación.
Las autoridades han detenido a 45 personas entre enero y abril por estos delitos, 33 en flagrancia y 12 por mandato judicial. Sin embargo, la efectividad de estas acciones es cuestionable, ya que el número de víctimas sigue en aumento. La impunidad parece ser un factor que perpetúa la crisis en Juárez.
Siete personas han sido condenadas este año por secuestro agravado, con penas que van desde los 33 hasta los 50 años de prisión. Un caso reciente involucró a Roberto Celestino F. L., quien participó en el secuestro de un doctor en Valle de Allende en 2023. A pesar de estas sentencias, los criminales no parecen intimidarse.
La Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro establece penas de hasta 90 años para casos agravados, como aquellos que involucran violencia, menores de edad o tortura. Sin embargo, ni las leyes severas ni las detenciones han logrado disminuir la incidencia de este delito en la frontera.
La situación en Juárez refleja un problema estructural de inseguridad que no ha sido atendido con la urgencia que merece. Mientras los secuestros siguen creciendo, la ciudadanía vive con temor, y las autoridades parecen incapaces de revertir esta tendencia. La pregunta sigue siendo: ¿hasta cuándo continuará esta crisis?