En un esfuerzo por enfrentar la creciente problemática de la violencia de género, el Congreso del Estado de Chihuahua analiza una iniciativa que busca crear unidades especializadas en los 67 municipios de la entidad. La propuesta, presentada por la diputada Alma Portillo, pretende reformar el artículo 180 del Código Municipal para fortalecer la atención a víctimas de violencia familiar y de género.
La reunión de trabajo, encabezada por la diputada panista Nancy Frías, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, contó con la participación de representantes de cinco municipios clave: Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Parral y Juárez. También estuvieron presentes funcionarias del Instituto Chihuahuense de las Mujeres (Ichmujeres), quienes aportaron perspectivas técnicas y sociales para enriquecer el análisis de la iniciativa.
El objetivo principal de estas unidades es garantizar una respuesta institucional más efectiva ante casos de violencia de género. Se busca que las Direcciones de Seguridad Pública de cada municipio cuenten con personal capacitado para atender a las víctimas de manera integral, desde el primer contacto hasta la canalización a servicios especializados.
Durante la mesa de trabajo, se destacó la necesidad de abordar la violencia de género con una visión transversal. Esto implica no solo reaccionar ante los casos, sino también prevenirlos mediante políticas públicas que promuevan la equidad y el respeto. Las participantes subrayaron que la falta de mecanismos adecuados en muchos municipios agrava la situación de las víctimas.
La iniciativa surge en un contexto donde la violencia de género sigue siendo un problema alarmante en Chihuahua. Según datos oficiales, los casos de violencia familiar y feminicidios han mostrado una tendencia al alza en los últimos años, especialmente en ciudades como Juárez y Chihuahua, donde la densidad poblacional intensifica el problema.
Las unidades especializadas serían un paso hacia adelante para descentralizar la atención y acercar los servicios a las mujeres en comunidades más alejadas. Actualmente, muchas víctimas deben trasladarse a centros urbanos para recibir apoyo, lo que representa una barrera significativa para acceder a la justicia y a la protección.
Sin embargo, la implementación de estas unidades enfrenta retos importantes. La capacitación del personal, la asignación de recursos y la coordinación entre municipios serán cruciales para que la reforma tenga un impacto real. Las autoridades locales deberán comprometerse a priorizar este tema en sus agendas.
La propuesta ha generado expectativa entre organizaciones civiles y colectivos feministas, quienes han exigido por años una respuesta más contundente ante la violencia de género. La reforma, de aprobarse, podría marcar un precedente en la forma en que los gobiernos municipales abordan esta crisis.
El análisis de la iniciativa continuará en el Congreso, donde se espera que se incorporen las aportaciones de la mesa de trabajo. Mientras tanto, la sociedad chihuahuense observa con atención si esta propuesta se traducirá en acciones concretas que protejan a las mujeres y reduzcan la violencia en el estado.
La creación de estas unidades representa una oportunidad para fortalecer la seguridad y la justicia para las mujeres, pero su éxito dependerá de la voluntad política y del compromiso de todos los niveles de gobierno.