En un acto de indignación, padres de familia y alumnos de la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc bloquearon el cruce de Insurgentes Norte y Eje 1 Norte, en la Ciudad de México, para exigir justicia por la muerte de Erick Leonardo, un joven de 13 años que falleció durante un campamento organizado por la institución. La protesta, que paralizó una de las principales vialidades de la capital, refleja el dolor y la furia de una comunidad que busca respuestas.
Erick, un estudiante lleno de sueños, perdió la vida el pasado 25 de abril en un campamento en Cuautla, Morelos. Según la necropsia, su muerte fue causada por un estallamiento de vísceras, con claros signos de violencia física. La madre del menor, Erika Torbellín, denunció que los alumnos fueron sometidos a castigos extremos, como arrastres, golpizas y privación de alimentos, lo que ha desatado una ola de acusaciones contra la academia.
La Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, ubicada en la colonia Santa María la Ribera, fue clausurada el 28 de abril por el Instituto de Verificación Administrativa debido a la falta de un programa de Protección Civil. Sin embargo, la institución no contaba con permisos para realizar el campamento, según la Secretaría de Educación Pública, lo que agrava las sospechas de negligencia en su operación.
Las autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc, encabezadas por Alessandra Rojo de la Vega, han acompañado a las familias afectadas, reportando hasta 30 denuncias de presuntos maltratos en el plantel. La alcaldesa ha exigido a las fiscalías de Morelos y la Ciudad de México una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y castigar a los responsables de lo que calificó como una muerte violenta.
Recientemente, la Fiscalía de Morelos detuvo a Juan Carlos N, director de la academia, y a Angélica N, instructora, acusados de homicidio calificado. Ambos estaban presentes en el campamento y son señalados por omisión y trato violento contra Erick. Estas detenciones marcan un avance en el caso, aunque las familias insisten en que la justicia aún está lejos de ser completa.
A pesar de la clausura, la academia anunció que reanudaría clases en línea, una decisión que ha generado controversia. Los padres que bloquearon Insurgentes demandan no solo la reapertura del plantel, sino también claridad sobre el futuro académico de los estudiantes, muchos de los cuales enfrentan incertidumbre tras el escándalo.
Testimonios de otros alumnos han revelado un patrón alarmante de abusos. Algunos menores relataron haber sido amarrados, arrastrados y obligados a comer alimentos del suelo. Incluso se reportó que una instructora ignoró las quejas de Erick, afirmando que solo lo atenderían si se desmayaba, una negligencia que pudo haber sido fatal.
El caso ha llegado a los más altos niveles de gobierno. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se investiga a fondo, pero las familias critican la lentitud de las autoridades. Mientras tanto, el bloqueo en Insurgentes Norte evidencia la desesperación de una comunidad que no descansará hasta obtener justicia para Erick y garantías de que tragedias como esta no se repitan.
La muerte de Erick ha destapado las sombras de las escuelas militarizadas, donde la disciplina parece haber cruzado la línea hacia la violencia. Las denuncias de maltrato, sumadas a la falta de regulación, han puesto en entredicho el modelo educativo de estas instituciones, generando un debate sobre su supervisión y operación.
La lucha de los padres y alumnos de la Academia Ollin Cuauhtémoc es un grito de justicia que resuena en las calles de la Ciudad de México. La memoria de Erick, un joven que soñaba con ser militar, impulsa a una comunidad a exigir que su muerte no quede en la impunidad.