El Instituto Nacional Electoral comenzó a recibir el voto anticipado para las elecciones del Poder Judicial, un proceso que busca permitir a personas con discapacidad física participar en la histórica jornada del 1 de junio. Desde el 12 hasta el 21 de mayo, el INE visitará los domicilios de miles de ciudadanos registrados para recoger sus sufragios.
Este mecanismo, diseñado para garantizar el derecho al voto de quienes enfrentan limitaciones físicas, abarca a 5,555 personas en todo el país, de las cuales 3,558 son mujeres y 1,997 hombres. Además, incluye a 1,812 cuidadores que también podrán emitir su voto. La Ciudad de México lidera con 557 participantes, seguida por el Estado de México y Veracruz.
El proceso implica que personal del INE entregue boletas y materiales electorales en los hogares de los votantes. Cada ciudadano utilizará una mampara especial para marcar su voto en secreto, ya sea por sí mismo o con ayuda de un familiar o funcionario electoral. Los votos se resguardan en sobres sin identificación para proteger la confidencialidad.
Esta modalidad, según el INE, responde a un esfuerzo por hacer las elecciones más inclusivas. Sin embargo, no está exenta de cuestionamientos. Organizaciones civiles han señalado que la implementación podría enfrentar retos logísticos, especialmente en zonas rurales o marginadas, donde el acceso a los domicilios puede ser complicado.
Las elecciones del Poder Judicial, las primeras de su tipo en México, permitirán elegir a ministros de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal Electoral y otros cargos clave. Con 3,422 candidaturas y casi 100 millones de votantes potenciales, el proceso ha generado expectativas, pero también críticas por la politización de la justicia.
El voto anticipado también se aplicará en la Ciudad de México para la elección de cargos judiciales locales. El Instituto Electoral local colabora con el INE para usar la misma lista nominal, aunque la logística ha levantado dudas sobre su efectividad en una ciudad con alta densidad poblacional.
Mientras el INE presume este ejercicio como un avance en derechos electorales, persisten las preocupaciones sobre la transparencia. El conteo de los votos anticipados se realizará el 1 de junio, pero el escrutinio final podría demorar hasta 10 días, lo que alimenta sospechas sobre posibles irregularidades.
El proceso no está libre de controversias. Organizaciones como Defensorxs han denunciado que al menos 13 candidatos tienen presuntos vínculos con el crimen organizado o irregularidades, lo que pone en tela de juicio la integridad de la elección. La inclusión de personas con discapacidad es un paso adelante, pero el contexto político y los riesgos de manipulación electoral ensombrecen el panorama.