La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, enfrenta una controversia tras la revocación de su visa por parte del gobierno de Estados Unidos. La noticia, confirmada por la propia mandataria, ha desatado un torbellino de especulaciones sobre posibles vínculos con actividades ilícitas. La medida también afecta a su esposo, Carlos Torres, quien recibió la misma notificación consular.
El anuncio se dio a conocer a través de redes sociales, donde Marina del Pilar aseguró que la cancelación de su visa no implica ninguna acusación formal. Según la gobernadora, se trata de un procedimiento administrativo que confía en resolver favorablemente. Sin embargo, la opacidad en las razones detrás de la decisión ha generado dudas sobre la transparencia de su administración.
Carlos Torres, por su parte, insistió en que no existen investigaciones ni señalamientos en su contra, ni en México ni en Estados Unidos. En un comunicado, afirmó que la revocación responde a criterios administrativos cada vez más comunes. No obstante, la falta de claridad por parte de las autoridades estadounidenses ha alimentado las críticas hacia la pareja.
La oposición no ha perdido la oportunidad de señalar a la gobernadora. El Partido Acción Nacional (PAN) exigió una explicación detallada sobre los motivos de la cancelación, argumentando que la ciudadanía merece transparencia. Los señalamientos se intensifican debido a la relevancia de Baja California en la relación comercial y migratoria con Estados Unidos.
A las críticas se suman acusaciones más graves. El periodista Gustavo Macalpin, despedido recientemente de un medio local, afirmó que la revocación estaría ligada a investigaciones del Departamento del Tesoro y la DEA por presunto lavado de dinero y nexos con el narcotráfico. Estas declaraciones, aunque sin pruebas concretas, han avivado el debate público.
Marina del Pilar ha rechazado categóricamente las acusaciones, calificándolas como una campaña de desprestigio. En un mensaje reciente, aseguró que no tiene nada que esconder y que los señalamientos en su contra constituyen violencia de género. La gobernadora insistió en que su administración trabaja con integridad y compromiso por Baja California.
El respaldo de Morena no se ha hecho esperar. Senadores y diputados del partido han cerrado filas en torno a la mandataria, denunciando una supuesta campaña de la oposición para dañar su imagen. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a Estados Unidos aclarar las razones detrás de la medida, destacando que el gobierno mexicano no ha recibido notificación oficial.
Mientras tanto, la incertidumbre persiste. La cancelación de una visa a una figura pública de alto perfil como Marina del Pilar plantea interrogantes sobre las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. La falta de información oficial solo incrementa las especulaciones en un contexto político ya polarizado.
El caso también ha puesto en el centro del debate la gestión de la gobernadora. Baja California enfrenta retos significativos en materia de seguridad, con un aumento en los índices de violencia que críticos atribuyen a la inacción del gobierno estatal. La controversia de la visa podría complicar aún más la imagen de la administración morenista.
Por ahora, Marina del Pilar y su esposo buscan revertir la decisión a través de recursos legales. La resolución de este caso será clave para determinar el impacto político de la controversia. Mientras tanto, la gobernadora enfrenta el desafío de recuperar la confianza de la ciudadanía en medio de un escrutinio cada vez mayor.