En Jalisco, la desaparición de jóvenes de entre 15 y 19 años ha alcanzado cifras alarmantes en lo que va de 2025. Según un informe reciente, 122 casos han sido registrados este año, un incremento que pone en evidencia la creciente crisis de inseguridad en el estado. La Universidad de Guadalajara señala que el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado es una de las principales causas detrás de esta tragedia.
El reporte destaca que la mayoría de las víctimas son hombres jóvenes, aunque también se reportan casos de mujeres en el mismo rango de edad. Estas desapariciones no solo afectan a las familias, sino que reflejan un problema estructural en la seguridad pública de Jalisco. La falta de estrategias efectivas por parte de las autoridades ha dejado a las comunidades en un estado de vulnerabilidad constante.
En los últimos años, el estado ha sido señalado como uno de los epicentros de la violencia ligada al crimen organizado. Lugares como Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco concentran la mayor cantidad de casos, según datos oficiales. El hallazgo de fosas clandestinas y crematorios, como el reciente caso en Teuchitlán, ha intensificado las preocupaciones sobre la magnitud de esta crisis.
A pesar de las promesas de las autoridades estatales, lideradas por el gobierno de Movimiento Ciudadano, los resultados en materia de seguridad son prácticamente nulos. Las familias de los desaparecidos denuncian la falta de avances en las investigaciones y la ausencia de apoyo institucional para localizar a sus seres queridos. Esta inacción ha generado un profundo sentimiento de abandono entre los afectados.
El informe de la Universidad de Guadalajara también apunta a un aumento sostenido de desapariciones desde 2008, con un repunte significativo en los últimos dos años. En 2024, la tendencia ya era preocupante, pero los datos de 2025 confirman que el problema está lejos de resolverse. Los expertos advierten que sin una intervención integral, las cifras seguirán creciendo.
Organizaciones civiles y colectivos de búsqueda han tomado un rol central en la localización de personas, ante la incapacidad de las autoridades. Estos grupos, formados mayormente por familiares de víctimas, enfrentan amenazas del crimen organizado y la indiferencia gubernamental. Su labor, aunque valiosa, no puede sustituir la responsabilidad del Estado en garantizar la seguridad.
La crisis de desapariciones en Jalisco no es un problema aislado, sino parte de un contexto nacional donde más de 116,000 personas permanecen sin localizar. Sin embargo, la situación en este estado es particularmente grave, siendo la entidad con el mayor número de casos en el país. Las autoridades federales, encabezadas por Claudia Sheinbaum, no han presentado un plan claro para abordar este flagelo.
Las voces de las familias afectadas resuenan en protestas y marchas, exigiendo justicia y respuestas. Mientras tanto, los jóvenes de Jalisco viven bajo la sombra del miedo, con el riesgo constante de convertirse en una estadística más. La pregunta que todos se hacen es cuánto tiempo más tendrá que pasar para que las autoridades actúen con la seriedad que esta crisis demanda.