La Fiscalía General de la República anunció que durante abril se lograron 58 sentencias en Nuevo León por delitos federales. Este dato, lejos de ser un triunfo, pone en evidencia la magnitud de la delincuencia que azota el estado. Las autoridades presumen resultados, pero la violencia no da tregua en las calles.
De las 58 sentencias, 55 se obtuvieron mediante procedimientos abreviados y tres en juicios orales. Esto refleja un sistema judicial saturado, donde los casos se resuelven rápidamente para descongestionar, pero no necesariamente para garantizar justicia. Los delitos incluyen violaciones a la Ley General de Salud y a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, señal de que el crimen organizado sigue operando sin freno.
En el mismo periodo, la FGR vinculó a proceso a 92 personas en 61 casos distintos. Aunque las cifras parecen impresionantes, la realidad es que estas acciones no se traducen en una disminución de la inseguridad. Los ciudadanos de Nuevo León siguen enfrentando robos, extorsiones y homicidios a diario, mientras las autoridades se limitan a reportar números.
Los operativos realizados en abril también resultaron en el aseguramiento de 39 armas largas, 17 armas cortas, 2,374 cartuchos y 86 cargadores. Además, se incautaron 2,800 gramos de marihuana y 1,600 gramos de metanfetamina. Estas cantidades son apenas una fracción de lo que circula en el estado, donde el narcomenudeo y el tráfico de armas están fuera de control.
La FGR destacó la realización de 10 cateos durante abril, supuestamente para desmantelar redes delictivas. Sin embargo, estos operativos parecen ser más un espectáculo mediático que una estrategia efectiva. La delincuencia no se detiene, y los cateos no han logrado frenar a los grupos criminales que operan con impunidad.
Otro punto que llama la atención es el decomiso de 135,000 pesos en efectivo. Aunque la FGR lo presenta como un golpe al crimen, esta cantidad es insignificante frente a los millones que mueve el narcotráfico. Las autoridades parecen conformarse con migajas mientras los grandes capos siguen libres.
La inseguridad en Nuevo León no es solo un problema de cifras, sino de una estrategia fallida. Mientras el gobierno federal y estatal se llenan la boca con estadísticas, la ciudadanía vive con miedo. Las sentencias y aseguramientos no bastan si no hay un plan integral para atacar las raíces de la violencia.
Este panorama refleja un estado donde la justicia llega a cuentagotas y la delincuencia sigue ganando terreno. Los habitantes de Nuevo León merecen más que comunicados triunfalistas; necesitan seguridad real, no promesas vacías ni números que no cambian su realidad.