Prisión preventiva oficiosa es el tema central que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aborda en medio de reasignaciones clave tras la salida de varios ministros el 31 de agosto de 2025. Esta medida, criticada por su aplicación automática en delitos graves, genera debates intensos sobre derechos humanos y justicia penal en México. La ministra Sara Irene Herrerías Guerra ha recibido la ponencia para analizar la acción de inconstitucionalidad 49/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que cuestiona su constitucionalidad alineada con estándares internacionales. Este caso, que buscaba eliminar el carácter obligatorio de la prisión preventiva oficiosa, representa un desafío al sistema judicial federal influenciado por reformas impulsadas durante el gobierno de Morena.
La prisión preventiva oficiosa, implementada como parte de la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales en 2019, ha sido señalada por organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violar principios de presunción de inocencia. En el proyecto original de la ministra en retiro Margarita Ríos Farjat, se proponía que un juez evaluara caso por caso si imponer esta medida, en lugar de aplicarla de manera automática para delitos como homicidio calificado o secuestro. Ríos Farjat había solicitado prioridad para su resolución antes del cierre de su periodo, pero el pleno no lo atendió a tiempo. Ahora, con Herrerías Guerra al frente, se espera un análisis profundo que podría modificar esta práctica controvertida, especialmente en un contexto donde el gobierno federal, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, defiende su uso para combatir la impunidad en materia de seguridad.
Reasignaciones en la SCJN tras retiros ministeriales
La salida de ministros como Margarita Ríos Farjat y Jorge Pardo Rebolledo ha obligado a la SCJN a redistribuir pendientes urgentes, destacando la prisión preventiva oficiosa como uno de los asuntos más sensibles. Otro proyecto relacionado, el Expediente sobre recepción de sentencias de tribunales internacionales 3/2023, presentado por Pardo Rebolledo, también buscaba desmantelar el automatismo de esta medida tras una condena de la Corte Interamericana. Este expediente aún no ha sido reasignado, lo que genera incertidumbre sobre su avance. La prisión preventiva oficiosa, aplicada en más de 40 delitos listados en la legislación, ha sido criticada por opositores al gobierno federal por su potencial para abusos en detenciones arbitrarias, alineándose con políticas de Morena que priorizan la mano dura contra el crimen organizado.
En paralelo, el ministro Giovanni Figueroa Mejía ha sido designado para resolver una contradicción de criterios denunciada por el Partido Acción Nacional (PAN) respecto a la sobrerrepresentación en el Congreso. Esta disputa surgió tras las elecciones federales de 2024, cuando Morena y sus aliados PT y PVEM obtuvieron una supermayoría calificada, superando el umbral del 50% más uno de los escaños. El PAN argumentó que sentencias de la SCJN y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) eran inconsistentes: una de la SCJN permitía sobrerrepresentaciones si no excedían el 8% de variación en la proporcionalidad, mientras que el TEPJF validó la distribución que favoreció a la coalición gobernante. Figueroa, como ponente, deberá armonizar estos criterios, lo que podría tener implicaciones retroactivas en la composición legislativa actual.
Impacto de la sobrerrepresentación en el Congreso mexicano
La sobrerrepresentación partidista es un concepto clave en el sistema electoral plurinominal de México, donde partidos reciben escaños adicionales basados en votos, pero con límites para evitar distorsiones. En 2024, Morena obtuvo 372 diputados directos y plurinominales, lo que alarmó a la oposición por diluir la representación de minorías. El ministro en retiro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien originalmente tenía el caso, aclaró en una sesión del 27 de agosto de 2024 que su resolución no revertiría decisiones previas del TEPJF, afirmando: "Me gustaría informar que me tomaré el tiempo debido para proponer un proyecto a este Tribunal pleno, pero que éste no podrá tener por efecto reemplazar las decisiones de la Sala Superior del TEPJF". Ahora, con Figueroa al mando, se anticipa un dictamen que podría cuestionar la validez de esa supermayoría, afectando reformas constitucionales impulsadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum, como las relacionadas con el Poder Judicial.
La prisión preventiva oficiosa y la sobrerrepresentación se entrelazan en el panorama judicial mexicano como ejemplos de tensiones entre el Ejecutivo federal y el Poder Judicial. Bajo el mandato de la presidenta Sheinbaum, quien asumió el cargo el 1 de octubre de 2024, se han intensificado las críticas hacia medidas que percibe la oposición como autoritarias. La CNDH, en su acción de inconstitucionalidad, argumentó que la prisión preventiva oficiosa contraviene el artículo 20 de la Constitución y tratados internacionales, promoviendo detenciones preventivas masivas que saturan el sistema penitenciario. Estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que en 2024, más del 40% de las personas en prisión estaban en esta modalidad, lo que subraya la urgencia de una revisión. Herrerías Guerra, conocida por su trayectoria en derechos humanos, podría inclinar la balanza hacia una interpretación más garantista.
Desafíos judiciales en el contexto de Morena y la oposición
El gobierno federal, a través de secretarías como la de Gobernación y Seguridad, ha defendido la prisión preventiva oficiosa como herramienta esencial contra la delincuencia, pero voces críticas, incluyendo al PAN y organizaciones civiles, la ven como un retroceso en materia de derechos. La reasignación a Figueroa para la contradicción sobre sobrerrepresentación podría exponer fallas en el TEPJF, presidido por figuras cercanas al oficialismo, y cuestionar la imparcialidad electoral post-2024. Este caso, radicado en el expediente de contradicción de tesis, involucra tesis jurisprudenciales contrastantes: una de la SCJN que exige equidad estricta y otra del TEPJF que permite flexibilidad para coaliciones. Si Figueroa resuelve a favor de una interpretación más rígida, podría obligar a ajustes en la Cámara de Diputados, impactando iniciativas legislativas de Morena como la reforma al INE o al sistema de pensiones.
La prisión preventiva oficiosa también se vincula con políticas de seguridad del gobierno de Sheinbaum, quien ha prometido continuidad a la "Cuarta Transformación" de su predecesor López Obrador. Sin embargo, la presión internacional, como las resoluciones de la Corte Interamericana, obliga a la SCJN a alinear su jurisprudencia. En sesiones recientes, ministros han debatido si mantener esta medida viola el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Herrerías Guerra, en su nuevo rol, deberá considerar precedentes como la sentencia de 2023 de la Corte IDH en el caso "González Medina vs. México", que condenó el uso excesivo de prisiones preventivas. Paralelamente, la sobrerrepresentación ha sido tema de controversia en foros como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se alega que distorsiona la democracia representativa.
Estos asuntos pendientes reflejan la dinámica tensa entre el Poder Judicial y el Ejecutivo federal bajo Morena. La salida de ministros independientes ha dejado vacíos que nuevos ponentes como Herrerías y Figueroa deberán llenar, potencialmente alterando el equilibrio de poderes. En el caso de la prisión preventiva oficiosa, un fallo a favor de su eliminación podría reducir la población carcelaria en un 20-30%, según estimaciones de Amnistía Internacional, aliviando hacinamiento en penales federales. Para la sobrerrepresentación, una resolución unificadora podría sentar precedente para elecciones futuras, asegurando mayor pluralismo en el Congreso.
En discusiones informales entre analistas judiciales, se menciona que el proyecto original de Ríos Farjat incorporaba aportes de la CNDH y expertos en derecho penal, basados en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía sobre detenciones injustificadas. Asimismo, la declaración de González Alcántara Carrancá en la sesión de agosto de 2024 fue reportada ampliamente en medios especializados, destacando su énfasis en no interferir con el TEPJF. Finalmente, observadores cercanos a la SCJN señalan que el Expediente 3/2023 de Pardo Rebolledo se inspira en fallos previos de la Corte IDH, lo que podría influir en la reasignación pendiente.