El gobierno de Nuevo León ha decidido sancionar a la empresa siderúrgica Ternium con una multa de 80 millones de pesos por el derrame tóxico que contaminó el arroyo La Talaverna. Este incidente, ocurrido el pasado 17 de abril, dejó un rastro de devastación ambiental en los municipios de San Nicolás, Apodaca, Pesquería y Guadalupe.
El derrame de 400 mil litros de cloruro ferroso y agua ácida, originado en la planta Churubusco de Ternium, causó la muerte de fauna silvestre, incluyendo tortugas de concha blanda, una especie protegida. También se reportaron pérdidas de ganado, como borregos y cabras, en comunidades cercanas al arroyo.
Alfonso Martínez, secretario de Medio Ambiente estatal, calificó la multa como una medida histórica para castigar la negligencia de la empresa. Sin embargo, la sanción ha generado críticas entre ambientalistas, quienes consideran que el monto es insuficiente frente al daño ecológico causado.
Carlos Álvarez, presidente de México Comunicación y Ambiente, señaló que la sanción debería haber alcanzado al menos mil millones de pesos. Además, exigió la clausura definitiva de la planta Churubusco, argumentando que Ternium carece de planes efectivos para prevenir este tipo de desastres.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró parcialmente el área de granja de tanques de la planta, pero legisladores locales han calificado esta medida como tibia. Diputados de diversas bancadas exigen acciones más contundentes para proteger a la población y el medio ambiente.
Vecinos de colonias afectadas, como Sebastián Elizondo en Apodaca, han denunciado la falta de apoyo tras la muerte de sus animales. La contaminación del arroyo, que alguna vez fue un símbolo de recuperación ambiental por la presencia de castores, ha reavivado el clamor por reubicar la planta de Ternium.
La empresa, por su parte, asegura que ha implementado un plan de remediación desde el primer día del incidente. Según Ternium, brigadistas han trabajado en la limpieza y neutralización del agua, pero los reportes de contaminación persisten en algunas zonas.
El gobierno estatal ha prometido continuar con las inspecciones para evaluar el impacto total del derrame. Mientras tanto, la creación de una Fiscalía Ambiental en Nuevo León, avalada tras este desastre, busca fortalecer la respuesta ante futuros incidentes ecológicos.
La presión social y política crece para que Ternium asuma una responsabilidad mayor. La ciudadanía exige que empresas de esta magnitud operen bajo estrictos controles para evitar que tragedias ambientales como esta se repitan.