El gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, ha dejado en la incertidumbre a los ciudadanos tras no cumplir su promesa de anunciar una sanción ejemplar contra Ternium, la empresa responsable de un derrame tóxico en el arroyo La Talaverna. El incidente, ocurrido el 17 de abril, afectó gravemente el medio ambiente y la fauna de la región.
La Secretaría de Medio Ambiente estatal, liderada por Alfonso Martínez, había asegurado que el 6 de mayo se darían a conocer las medidas contra la siderúrgica, tras el vertido de 400 mil litros de cloruro ferroso y agua ácida. Sin embargo, la fecha pasó y no hubo pronunciamiento oficial, generando críticas por la falta de transparencia.
El derrame, originado en la planta Churubusco de Ternium, en Monterrey, dejó un rastro de devastación a lo largo de 11 kilómetros, afectando municipios como San Nicolás, Apodaca, Pesquería y Guadalupe. La fauna, incluyendo tortugas de concha blanda protegidas, peces y castores, sufrió pérdidas irreparables.
Glen Villarreal Zambrano, director de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, denunció la muerte de animales y señaló que las brigadas de limpieza de Ternium parecían ocultar evidencias de la magnitud del daño. Estas acusaciones contrastan con el comunicado de la empresa, que afirmó que el arroyo estaba “normalizado”.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró parcialmente el área de Granja de Tanques de la planta, donde ocurrió el colapso de un tanque que desencadenó el desastre. Sin embargo, legisladores locales han calificado esta medida como insuficiente, exigiendo sanciones más severas.
Diputados de diversas bancadas, como Sandra Pámanes de Movimiento Ciudadano, han criticado la tibieza de las autoridades federales y estatales. Algunos incluso han pedido la reubicación de la planta Churubusco, argumentando que su operación pone en riesgo la salud pública.
Expertos como Carlos Álvarez Flores, de México Comunicación y Ambiente, han propuesto multas millonarias, de hasta 20 mil millones de pesos, acompañadas de una clausura definitiva. Según ellos, Ternium ha operado con laxitud en sus procesos, causando un daño ambiental irreparable.
Roberto Chavarría, exdirector de Parques y Vida Silvestre, destacó la gravedad del impacto en los castores, cuya presencia era un indicador de recuperación ambiental en los ríos de Nuevo León. La pérdida de estas especies refleja la magnitud de la negligencia.
La falta de acción concreta por parte del gobierno estatal ha alimentado la indignación ciudadana. Vecinos de la colonia Sebastián Elizondo, en Apodaca, reportaron la muerte de borregos y cabras tras beber agua contaminada, lo que evidencia el impacto directo en la comunidad.
Mientras Ternium asegura haber realizado labores de remediación, la ausencia de un informe claro y la demora en las sanciones prometidas por el gobierno de Nuevo León mantienen en vilo a la población, que exige justicia ambiental y medidas efectivas para evitar futuros desastres.