En un acto que refleja la profunda crisis forense en Jalisco, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Fiscalía del Estado inhumaron a 21 personas identificadas pero no reclamadas en el Panteón Guadalajara. Estas víctimas, plenamente reconocidas mediante pruebas forenses, no fueron recuperadas por sus familias, dejando al descubierto las fallas en el sistema de búsqueda y restitución de desaparecidos.
La ceremonia de inhumación se llevó a cabo en un espacio digno, según las autoridades, pero no puede ignorarse el hecho de que estas 21 personas, con nombres y rostros, permanecieron en el olvido. La falta de acción para localizar a sus familias o agilizar los procesos de entrega pone en evidencia la ineficiencia de las instituciones encargadas de atender esta tragedia.
Jalisco enfrenta una crisis de desapariciones sin precedentes, con más de 15 mil personas reportadas como desaparecidas, según datos oficiales. La cifra, que posiciona al estado como líder nacional en este delito, refleja un problema estructural que las autoridades no han logrado contener. Cada cuerpo no reclamado es un recordatorio de la magnitud de esta emergencia.
El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses asegura que los cuerpos fueron identificados gracias a un convenio con el Instituto Nacional Electoral, utilizando huellas dactilares para cotejar con bases de datos. Sin embargo, la identificación es solo el primer paso. La falta de seguimiento para contactar a las familias o difundir la información de manera efectiva deja a estas personas en un limbo burocrático.
La Fiscalía del Estado, por su parte, parece desbordada. A pesar de contar con una Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, los avances son mínimos. Los familiares de las víctimas enfrentan trámites engorrosos y una falta de acompañamiento que agrava su dolor. La inhumación de estos 21 cuerpos, lejos de ser una solución, es un síntoma de un sistema colapsado.
Organismos de la sociedad civil, como colectivos de búsqueda, han denunciado la opacidad y la falta de coordinación entre dependencias. Mientras las autoridades presumen de espacios dignos para los cuerpos, las familias siguen sin respuestas. La desconfianza hacia las instituciones crece, alimentada por años de promesas vacías y resultados insuficientes.
La situación en Jalisco no es un caso aislado, pero sí uno de los más graves. La crisis forense, con miles de cuerpos sin identificar en todo el país, exige una respuesta urgente. En el caso de estas 21 personas, su inhumación sin ser reclamadas es una tragedia que no debería repetirse, pero las condiciones actuales sugieren que seguirá ocurriendo.
Este hecho pone en el centro del debate la necesidad de reformas profundas en la atención a víctimas de desaparición. La identificación de cuerpos debe ir acompañada de una búsqueda activa de sus seres queridos y de un proceso humano y eficiente. Mientras eso no ocurra, Jalisco seguirá cargando el peso de una deuda con miles de familias.