Los restos corresponden a cuatro hombres, todos reportados como desaparecidos entre 2024 y 2025 en los municipios de Nuevo Casas Grandes y Casas Grandes. Entre los identificados están Gerardo Corral Fierro, de 34 años, y Luis Alberto Galaviz Acosta, de 33 años, ambos desaparecidos en octubre de 2024. También se reconoció a Jesús Manuel García Ramírez, de 29 años, y a Diego Armando Fernández Vargas, de 25 años, quienes fueron reportados como ausentes en enero de 2025.
El proceso de identificación ha sido lento y complejo, según informó Miguel Adolfo Lozoya Ramos, coordinador regional de la AEI. La mayoría de los restos son óseos, lo que requiere análisis genéticos minuciosos para cotejarlos con las muestras de familiares. Este trabajo, llevado a cabo por la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, ha permitido devolver 33 cuerpos a sus familias, pero aún queda un largo camino por recorrer.
Las narcofosas, localizadas principalmente en las zonas de El Willy y Mesa de la Avena en Casas Grandes, así como en La Salada en Ascensión, han revelado un panorama desolador. Desde diciembre de 2024, los operativos conjuntos entre la AEI, la Fiscalía General del Estado (FGE), la Comisión Local de Búsqueda y el Ejército han desenterrado los restos de 93 personas, muchas de ellas víctimas de desaparición forzada.
A pesar de los esfuerzos, la falta de detenciones relacionadas con estos hallazgos genera preocupación. El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, ha reconocido que no hay órdenes de aprehensión contra presuntos responsables, lo que deja el caso en un limbo de impunidad. Las autoridades aseguran que las investigaciones continúan, pero los resultados concretos son escasos.
La región noroeste de Chihuahua, que incluye municipios como Nuevo Casas Grandes, Casas Grandes y Ascensión, ha sido señalada como un epicentro de la violencia ligada al crimen organizado. Las narcofosas, descritas como un “narcopanteón activo” por las autoridades, muestran la crueldad de los métodos utilizados, con cuerpos que presentan signos de tortura, mutilaciones y hasta calcinación.
El impacto de estas desapariciones trasciende los números. Las familias de las víctimas enfrentan un dolor indescriptible, mientras la sociedad local vive bajo el temor constante de la inseguridad. La identificación de estas cuatro personas ofrece un pequeño alivio a sus seres queridos, pero también pone en evidencia la incapacidad del gobierno para frenar la ola de violencia.
Organizaciones criminales han diversificado sus actividades en la región, pasando del tráfico de drogas y migrantes al secuestro como fuente de ingresos, según el fiscal Jáuregui Moreno. Esta evolución de la delincuencia agrava la crisis y plantea preguntas sobre la efectividad de las estrategias de seguridad implementadas en el estado.
La FGE ha priorizado la identificación y entrega de restos, pero las carpetas de investigación no han avanzado hacia la judicialización. El fiscal de la Zona Noroeste, Alejandro Vargas, explicó que para llevar un caso ante un juez se requieren pruebas sólidas y un responsable identificado, algo que hasta ahora no se ha logrado.
Mientras tanto, la ciudadanía de Chihuahua exige respuestas y acciones contundentes. La identificación de estas cuatro víctimas es un paso, pero la magnitud del problema y la falta de justicia mantienen a la región sumida en una crisis de inseguridad que parece lejos de resolverse.