El gobierno de Perú ha promulgado una nueva ley que marca un cambio radical en el sistema judicial. Ahora, los adolescentes de 16 y 17 años que cometan delitos graves como homicidio, sicariato, violación sexual o terrorismo serán juzgados como adultos. La medida, publicada en el diario oficial El Peruano, busca responder al aumento de la criminalidad juvenil en el país.
La Ley 32330 modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Hasta ahora, los menores de edad eran sancionados con medidas socioeducativas, incluso en casos de extrema gravedad. Con esta reforma, los jóvenes enfrentarán penas privativas de libertad similares a las de los adultos, aunque con la posibilidad de reducciones según su edad.
La norma establece un tratamiento penitenciario diferenciado para los adolescentes. Los jóvenes de 16 a 21 años estarán separados de los presos adultos en los centros de reclusión. Además, se contempla un enfoque orientado a la rehabilitación, aunque las penas podrán ser severas, especialmente en casos de delitos como sicariato o violación seguida de muerte.
El aumento de la violencia en Perú ha sido el principal argumento para esta reforma. Según datos oficiales, en los primeros meses de 2025 se reportaron más de 640 homicidios, un 19% más que en el mismo periodo del año anterior. Las autoridades señalan que las bandas criminales reclutan cada vez más a adolescentes, aprovechando su inimputabilidad bajo la ley anterior.
Sin embargo, la ley ha generado controversia. El Poder Judicial de Perú ha rechazado la norma, argumentando que viola la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos. Según el organismo, esta reforma adopta un enfoque punitivo que ignora la condición especial de los adolescentes como personas en desarrollo.
La Defensoría del Pueblo también se ha pronunciado en contra. Planea presentar una demanda de inconstitucionalidad, afirmando que la ley vulnera el principio del interés superior del niño, establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, citan estudios que indican que el cerebro adolescente aún está en formación, lo que afecta la toma de decisiones.
Organizaciones de derechos humanos han advertido sobre los riesgos de esta medida. Argumentan que criminalizar a los adolescentes sin abordar las causas de la violencia, como la pobreza o la falta de oportunidades, podría agravar el problema. En cambio, proponen fortalecer programas de prevención y reinserción social.
Por su parte, los defensores de la ley, como el congresista Alejandro Muñante, sostienen que es una respuesta necesaria ante la impunidad. Afirman que los adolescentes que cometen delitos graves deben asumir las consecuencias de sus actos, especialmente cuando son reclutados por organizaciones criminales.
La implementación de la ley requerirá ajustes en el sistema judicial y penitenciario. El gobierno tiene un plazo de 60 días para emitir las normativas necesarias. Mientras tanto, el debate continúa sobre si esta medida logrará reducir la criminalidad o si, por el contrario, profundizará la crisis de violencia en el país.
El futuro de esta reforma es incierto. Con el Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo en oposición, es posible que la ley enfrente obstáculos legales. Sin embargo, para muchos peruanos, esta medida representa un intento de recuperar el control frente a una ola de inseguridad que no da tregua.