En un operativo masivo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México logró recuperar 37 inmuebles destinados a vivienda en 10 municipios mexiquenses. Las propiedades, denunciadas por despojo, fueron aseguradas entre el 7 y el 10 de mayo como parte de la llamada Estrategia para la Restitución de la Propiedad. Sin embargo, este esfuerzo apenas rasca la superficie de un problema mucho más profundo que azota a la entidad.
La operación, coordinada por la Fiscalía mexiquense junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional y policías estatales y municipales, se llevó a cabo en municipios como Ecatepec, Chalco, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl. Ecatepec, uno de los puntos más críticos, concentró 11 de las viviendas recuperadas, evidenciando la magnitud del problema en esta zona.
Detrás de estas invasiones se esconden organizaciones que operan con una impunidad alarmante. Grupos autodenominados sindicatos, como Los 300, UPREZ y USON, están bajo la lupa de las autoridades por su presunta participación en el despojo de propiedades. Estos grupos, lejos de ser simples asociaciones, actúan con tácticas que rayan en lo criminal, aprovechándose de la vulnerabilidad de miles de familias.
Un caso que destapa la gravedad del asunto ocurrió en Ecatepec, donde Moisés N, presunto integrante de USON y Los Mayas, fue detenido tras intentar despojar una vivienda. Según las investigaciones, este sujeto y un grupo de 30 personas cambiaron las chapas de una casa, pero los vecinos, hartos de la situación, lo retuvieron hasta que llegó la policía. Este no es un hecho aislado, sino un reflejo de una red bien organizada.
En Ixtapaluca, otra detención puso en evidencia la magnitud del problema. Arely Yoselin N fue capturada por su probable participación en despojos, mostrando que estas redes no discriminan y operan en múltiples frentes. Ambos detenidos están bajo investigación, pero la pregunta sigue en el aire: ¿hasta dónde llegan estas redes?
La Fiscalía no solo apunta a los ejecutores. En el marco de la Operación Enjambre, se indaga la posible colusión de exfuncionarios de alto nivel del gobierno municipal de Ecatepec. Según las autoridades, estos personajes habrían facilitado las invasiones, protegiendo a los sindicatos a cambio de beneficios, una práctica que ha dañado a incontables familias mexiquenses.
El trasfondo de este problema es alarmante. En México, más de 6 millones de viviendas están abandonadas, según datos del Coneval, lo que convierte al Valle de México en un blanco perfecto para estas mafias. Casas adquiridas con créditos de Infonavit o Fovissste son ocupadas ilegalmente, dejando a los propietarios en la indefensión y a las autoridades rebasadas.
Este operativo, aunque significativo, es solo un paso en una batalla mucho mayor. Desde abril, se han recuperado 193 inmuebles en el estado, pero la persistencia de estos grupos delictivos demuestra que la inseguridad y la impunidad siguen siendo un cáncer en el Edomex. La ciudadanía exige respuestas y acciones contundentes.
El caso de Carlota N, la mujer de 73 años que disparó contra presuntos invasores en Chalco, es un recordatorio de la desesperación a la que se enfrentan los ciudadanos. Aunque su caso está bajo proceso, refleja el hartazgo de una población que, ante la inacción, se ve orillada a tomar justicia por su propia mano.
Mientras las autoridades presumen avances, la realidad es que los mexiquenses siguen viviendo con miedo. La recuperación de estas 37 viviendas es un alivio temporal, pero sin un ataque frontal contra las redes de despojo y sus protectores, el problema seguirá creciendo, dejando a más familias sin su patrimonio.