El alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, ha sido vinculado a proceso por delitos graves de delincuencia organizada y desaparición forzada, en un caso que sacude a Jalisco. La Fiscalía General de la República lo señala como cómplice del Cártel Jalisco Nueva Generación, permitiendo sus operaciones en el infame Rancho Izaguirre.
La detención del edil, militante de Movimiento Ciudadano, ocurrió el 3 de mayo, tras una orden de aprehensión ejecutada por la Agencia de Investigación Criminal. Según las autoridades, Murguía no solo estaba al tanto de las actividades ilícitas en el rancho, sino que participaba activamente, recibiendo pagos mensuales de 70 mil pesos.
El Rancho Izaguirre, ubicado en la comunidad de La Estanzuela, fue identificado como un centro de reclutamiento y adiestramiento del CJNG. Colectivos de buscadoras de desaparecidos denunciaron el hallazgo de restos óseos calcinados, ropa y objetos personales, señalando el lugar como un posible centro de exterminio.
Durante la audiencia inicial, la FGR presentó testimonios de víctimas que describen cómo eran engañadas con falsas ofertas de empleo y llevadas a la fuerza al rancho. Las autoridades afirman que el alcalde facilitaba estas operaciones, incluso proporcionando apoyo con policías municipales para capturar a quienes intentaban escapar.
Murguía, quien ha gobernado Teuchitlán en tres periodos, se encuentra en prisión preventiva en el Centro de Justicia Penal Federal de Puente Grande. Su defensa solicitó un plazo de 144 horas para presentar pruebas, pero el juez determinó que permanecerá detenido mientras se resuelve su situación jurídica.
El caso ha generado indignación, especialmente tras revelarse que, desde 2021, el Ayuntamiento de Teuchitlán fue notificado de actividades sospechosas en el rancho y no actuó. La FGR también destacó omisiones de la Fiscalía de Jalisco, que no cumplimentó una orden de aprehensión emitida en marzo.
Movimiento Ciudadano emitió un comunicado defendiendo la presunción de inocencia de Murguía y exigiendo una investigación sin tintes políticos. Sin embargo, las acusaciones han puesto en tela de juicio la gestión del partido en el municipio, uno de sus bastiones en Jalisco.
El gobernador Pablo Lemus se pronunció, asegurando respeto por las investigaciones de la FGR y pidiendo que se conduzcan sin sesgos. Mientras tanto, colectivos como Guerreros Buscadores de Jalisco siguen exigiendo justicia y claridad en un caso que expone la crisis de desapariciones en México.
La vinculación a proceso de Murguía es un paso más en las investigaciones del Rancho Izaguirre, donde se han detenido a otras 15 personas. La FGR continúa recabando pruebas para esclarecer la magnitud de las atrocidades cometidas en el predio.
Este escándalo pone en evidencia los vínculos entre autoridades locales y el crimen organizado, alimentando la percepción de impunidad en regiones afectadas por la violencia. La resolución del caso será clave para determinar hasta dónde llegan las responsabilidades.