El descubrimiento del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, ha sacudido a México y puesto en evidencia la incapacidad del gobierno de Claudia Sheinbaum para enfrentar la crisis de desapariciones. Este predio, señalado como un centro de exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue encontrado por el colectivo Guerreros Buscadores, quienes hallaron restos humanos, ropa y objetos personales que sugieren un escenario de horror.
Las madres buscadoras, incansables en su lucha, han denunciado la negligencia de las autoridades federales y estatales. A pesar de que el rancho estaba bajo resguardo de la Fiscalía de Jalisco desde septiembre de 2024, no se tomaron medidas efectivas para investigar. Los colectivos acusan que el lugar fue “limpiado” antes de permitirles el acceso, eliminando pruebas cruciales que podrían haber dado respuestas a miles de familias.
Claudia Sheinbaum, obligada por la presión social, ha prometido reuniones con las madres buscadoras y reformas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada. Sin embargo, estas promesas han sido recibidas con escepticismo. Las familias señalan que no es la primera vez que el gobierno federal hace anuncios sin resultados concretos, mientras la cifra de desaparecidos supera las 120 mil personas.
El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, ha intentado minimizar la gravedad del caso, negando la existencia de hornos crematorios en el rancho. Estas declaraciones han indignado a los colectivos, que aseguran contar con pruebas y testimonios de sobrevivientes que confirman las atrocidades cometidas en el lugar. La falta de coordinación entre la Fiscalía General de la República y las autoridades locales solo agrava la desconfianza.
Guerreros Buscadores, liderado por Indira Navarro, ha exigido a Sheinbaum un diálogo directo y acciones contundentes. En una carta abierta, el colectivo pidió que se reconozca la crisis de desapariciones como un problema de Estado y que se sancione a los funcionarios que, por omisión o complicidad, han permitido que lugares como el Rancho Izaguirre operen impunemente.
La tragedia del rancho no es un caso aislado. Jalisco es uno de los estados con mayor número de desapariciones, y los colectivos denuncian que el Cártel Jalisco Nueva Generación ha reclutado a jóvenes con engaños, sometiéndolos a torturas y asesinatos. Las listas encontradas en el predio, con nombres y apodos, son un recordatorio de las vidas truncadas por la violencia.
Mientras las madres buscadoras recorren el país con sus propios recursos, enfrentando amenazas y desamparo, el gobierno de Sheinbaum sigue sin ofrecer soluciones efectivas. Las reformas propuestas, como la creación de una base nacional forense, ya estaban contempladas en la ley desde 2017, pero nunca se implementaron. Este reciclaje de promesas solo profundiza la frustración de las familias.
El caso del Rancho Izaguirre ha expuesto no solo la brutalidad del crimen organizado, sino también la indiferencia de un gobierno que parece más interesado en controlar la narrativa que en buscar justicia. Las madres buscadoras, con su valentía, han obligado a México a mirar de frente una crisis que no puede seguir siendo ignorada.
La exigencia es clara: las familias no quieren más discursos ni reuniones protocolarias. Quieren respuestas, restos identificados y castigo para los responsables. La pregunta sigue en el aire: ¿cuántos ranchos como el Izaguirre siguen operando bajo la sombra de la impunidad?