El Congreso del Estado de Chihuahua analiza una iniciativa para instalar unidades especializadas de atención a la violencia en los municipios. La propuesta, impulsada por la Comisión de Seguridad Pública, busca crear espacios dedicados a prevenir y atender casos de violencia, con un enfoque en la protección de mujeres y grupos vulnerables. Esta medida surge en un contexto donde la inseguridad sigue siendo un problema grave en la entidad.
La iniciativa propone que las unidades operen bajo un modelo integral, ofreciendo atención psicológica, jurídica y social a las víctimas. Además, se plantea coordinar esfuerzos con autoridades municipales y estatales para garantizar su efectividad. La idea es que estas unidades no solo reaccionen ante casos de violencia, sino que trabajen en la prevención a través de programas comunitarios.
Chihuahua enfrenta un aumento alarmante de delitos violentos, incluyendo feminicidios y agresiones domésticas. Las estadísticas locales reflejan que en 2024 se registraron cientos de casos de violencia de género, muchos de los cuales no recibieron atención adecuada. Esta situación ha generado presión sobre las autoridades para implementar medidas urgentes.
La propuesta ha generado debate en el Congreso. Algunos legisladores argumentan que las unidades podrían fortalecer la respuesta institucional ante la violencia, mientras que otros cuestionan la viabilidad financiera y logística de implementarlas en todos los municipios. La falta de recursos y la burocracia son obstáculos recurrentes en iniciativas similares.
Un punto clave de la iniciativa es la capacitación de personal especializado. Las unidades necesitarían profesionales en psicología, trabajo social y derecho, con un enfoque en perspectiva de género. Esto busca garantizar que las víctimas reciban un trato digno y no sean revictimizadas durante el proceso de atención.
Organizaciones civiles han aplaudido la propuesta, pero exigen que no se quede en papel. Activistas señalan que iniciativas previas han fracasado por falta de seguimiento y presupuesto. También piden que las unidades sean accesibles en zonas rurales, donde la violencia suele ser más silenciosa pero igualmente devastadora.
El gobierno estatal, encabezado por el PAN, enfrenta críticas por su manejo de la inseguridad. Aunque se han implementado operativos policiales, los resultados son insuficientes frente a la magnitud del problema. La creación de estas unidades podría ser un paso adelante, pero su éxito dependerá de la voluntad política y la asignación de recursos.
La discusión en el Congreso continúa, y se espera que en las próximas semanas se defina el futuro de la iniciativa. Mientras tanto, la ciudadanía de Chihuahua sigue esperando soluciones concretas para vivir en un entorno más seguro. La violencia no da tregua, y la presión sobre las autoridades crece día con día.
Si la propuesta avanza, Chihuahua podría convertirse en un referente en la atención a la violencia a nivel municipal. Sin embargo, el camino no será fácil. La coordinación entre niveles de gobierno y la inversión sostenida serán cruciales para que las unidades cumplan su objetivo.
La sociedad chihuahuense observa con esperanza, pero también con escepticismo. La historia reciente muestra que las buenas intenciones no siempre se traducen en resultados. El desafío está en transformar esta iniciativa en una realidad que marque la diferencia para las víctimas de la violencia.