Guadalupe Taddei, presidenta del Instituto Nacional Electoral, ha desatado controversia al intentar justificar las omisiones en el proceso de selección de candidaturas al Poder Judicial, donde se han señalado vínculos con el narcotráfico. Según Taddei, errores de esta magnitud son “normales” en un proceso electoral tan grande como el que México enfrenta para elegir jueces, ministros y magistrados.
La declaración de Taddei llega en un contexto de creciente preocupación por la infiltración del crimen organizado en la política mexicana. Organizaciones civiles han denunciado que varias candidaturas presentan presuntos nexos con el narcotráfico, lo que ha puesto en entredicho la integridad del proceso electoral que culminará el 1 de junio.
En una conferencia de prensa, Taddei minimizó la gravedad de las omisiones, argumentando que el volumen de información manejado por el INE hace inevitable que se pasen por alto ciertos detalles. Sin embargo, estas palabras no han convencido a quienes exigen transparencia y rigor en la selección de quienes ocuparán cargos clave en el sistema judicial.
El proceso de elección judicial, impulsado por la reforma promovida por Morena, ha sido criticado desde su inicio por su opacidad y falta de filtros efectivos. La responsabilidad de evaluar a los candidatos recayó en los Comités de Evaluación, pero estos han sido señalados por no cumplir con los estándares necesarios para garantizar la idoneidad de los aspirantes.
Voces críticas, como la organización Defensorxs, han revelado casos específicos de candidatos con antecedentes preocupantes. Uno de los más alarmantes es el de Leopoldo Javier Chávez Vargas, candidato a juez en Durango, quien estuvo preso en Estados Unidos por tráfico de metanfetaminas. Este tipo de revelaciones han encendido las alarmas sobre la calidad de los filtros aplicados.
La presidenta Claudia Sheinbaum, al ser cuestionada sobre los “narcocandidatos”, pidió que se investiguen los casos, pero evitó asumir responsabilidad directa en los fallos del proceso. Su respuesta ha sido vista como tibia por quienes esperaban una postura más contundente frente a un problema que afecta la confianza en las instituciones.
Mientras tanto, el senador Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, admitió que hubo errores en la entrega de listas de candidaturas, pero los calificó como “no relevantes”. Esta actitud ha avivado las críticas de la oposición, que acusa al oficialismo de improvisación y falta de seriedad en un proceso que definirá el futuro del Poder Judicial.
La polémica también ha alcanzado a los partidos de oposición, que han presentado recursos legales ante el Tribunal Electoral para exigir que el INE refuerce los mecanismos de seguridad y transparencia. El PAN, por ejemplo, ha denunciado que no existen mapas de riesgo ni filtros adecuados para evitar la infiltración del crimen organizado en las candidaturas.
A medida que se acerca la fecha de la elección, la presión aumenta sobre el INE y el gobierno federal para garantizar que el proceso sea limpio y creíble. Sin embargo, las declaraciones de Taddei y la falta de acciones concretas han generado un ambiente de desconfianza que amenaza con empañar un ejercicio democrático sin precedentes en México.
La sociedad mexicana, cada vez más preocupada por la influencia del narcotráfico en la política, observa con atención si las autoridades serán capaces de corregir el rumbo o si este proceso quedará marcado como un nuevo capítulo de opacidad e impunidad.