La violencia en Jalisco no da tregua. La Fiscalía del Estado ha vinculado a proceso a Juan Manuel “N”, de 27 años, y José Luis “N”, de 24, por el homicidio de María del Carmen Morales, una madre buscadora, y su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales, ocurrido el 23 de abril en el Fraccionamiento Las Villas, Tlajomulco de Zúñiga. Este crimen ha sacudido a la sociedad por la crueldad del ataque y el perfil de las víctimas.
María del Carmen, de 43 años, era integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas. Su lucha comenzó tras la desaparición de otro de sus hijos, Ernesto Julián Ramírez Morales, en febrero de 2024, en la misma zona donde ocurrió el doble homicidio. La madre buscadora se había convertido en una figura visible por su activismo, lo que la puso en la mira de grupos criminales.
El ataque ocurrió cerca de las 23:20 horas, cuando María y su hijo salieron de su casa para acarrear agua en un parque cercano, ante la escasez del suministro en su localidad. Según la investigación, los agresores llegaron en una motocicleta tipo Cross, de color negro con rojo y placas de Michoacán. José Luis “N” descendió del vehículo, disparó contra las víctimas y huyó junto a su cómplice, Juan Manuel “N”.
La Fiscalía de Jalisco ha revelado que los detenidos podrían estar relacionados con al menos otros diez homicidios en el estado. Además, enfrentan investigaciones por delitos previos, como tentativa de feminicidio y homicidio calificado, cometidos en octubre y diciembre de 2024. Estas revelaciones subrayan la gravedad de la inseguridad en la región y la impunidad que parece prevalecer.
El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ha exigido justicia para María del Carmen y su hijo, así como medidas efectivas para proteger a quienes buscan a sus seres queridos desaparecidos. El asesinato de la activista no solo dejó en orfandad a una hija de 19 años y un niño de 10, sino que también reavivó el temor entre los colectivos de búsqueda en un estado azotado por la violencia.
Inicialmente, las autoridades descartaron que el crimen estuviera ligado a la labor de María como buscadora, pero tras críticas y nuevas evidencias, la Fiscalía admitió que una de las líneas de investigación considera su activismo como posible móvil. Este cambio de postura ha generado dudas sobre la transparencia en las investigaciones.
El traslado de los presuntos responsables al Penal de Puente Grande se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad, con escolta de la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional y la Fiscalía. Ambos sujetos enfrentarán un juicio por feminicidio y homicidio calificado, mientras las autoridades prometen esclarecer los motivos detrás del crimen.
Este caso pone en evidencia los riesgos que enfrentan las madres buscadoras en México, donde la violencia contra quienes buscan justicia no cesa. En Jalisco, uno de los estados con mayor número de desapariciones, los colectivos de búsqueda operan bajo amenazas constantes, sin que las autoridades logren garantizar su seguridad.
La tragedia de María del Carmen y Jaime Daniel Ramírez es un recordatorio del costo humano de la inseguridad en el país. La sociedad jalisciense y los colectivos de búsqueda esperan que este caso no quede en la impunidad y que se tomen medidas urgentes para frenar la ola de violencia que azota al estado.