El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) está al borde del colapso, y sus trabajadores enfrentan un futuro incierto. Javier Juárez Mojica, presidente del organismo, hizo un llamado desesperado al Senado para que se asignen fondos y así liquidar conforme a la ley a los más de 1,400 empleados que perderán su empleo tras la extinción del instituto. La reforma impulsada por el gobierno de Morena acelera la desaparición del IFT, pero no garantiza los derechos laborales de quienes han sostenido su operación.
La situación es crítica. Desde enero de 2025, los trabajadores del IFT dejaron de recibir prestaciones básicas como servicio de comedor, apoyos para teletrabajo y viáticos. La incertidumbre ha llevado a los empleados a protestar, bloqueando incluso un carril de Paseo de la Reforma frente al Senado. Exigen claridad sobre sus liquidaciones y un trato justo, mientras el gobierno parece ignorar sus demandas.
Juárez Mojica destacó que el IFT ha sido un pilar para el Estado mexicano, generando ingresos significativos. En el primer trimestre de 2025, el instituto recaudó 18.8 mil millones de pesos por el uso del espectro radioeléctrico, superando en 1.1 mil millones lo proyectado para todo el año. Sin embargo, el presupuesto asignado para 2025 es de apenas 500 millones de pesos, insuficiente para cubrir nóminas y mucho menos para indemnizaciones.
La reforma a la Ley de Telecomunicaciones, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca trasladar las funciones del IFT a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, encabezada por José Antonio Peña Merino. Sin embargo, el proyecto no especifica qué pasará con los trabajadores, dejando un vacío que ha generado indignación. Los empleados acusan a los comisionados del IFT de negociar su propio futuro con el gobierno, mientras ellos quedan desprotegidos.
El recorte presupuestal del 70% para 2025, aprobado por la Cámara de Diputados, ha asfixiado al IFT. Este organismo, creado en 2013 tras la reforma en telecomunicaciones, ha sido clave para regular el sector y garantizar competencia. Ahora, su desaparición parece responder más a intereses políticos que a una estrategia técnica, según expertos como Gerardo Flores del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones.
Los trabajadores han enviado cartas al Senado y a la Cámara de Diputados, exigiendo un comité que garantice la transferencia de personal a la nueva agencia o, en su defecto, una liquidación justa. Piden finiquitos que incluyan aguinaldo proporcional, vacaciones no disfrutadas, prima vacacional y de antigüedad, pero hasta ahora no hay respuestas claras.
La tensión crece. Los empleados del IFT han amenazado con más protestas, incluyendo un paro de labores y la toma de sus instalaciones. La falta de diálogo con el gobierno y los comisionados ha exacerbado el conflicto, mientras la ciudadanía observa cómo un organismo clave para las telecomunicaciones mexicanas se desvanece sin un plan sólido.
Este caso pone en evidencia las prioridades del gobierno federal. Mientras se destinan recursos a otros proyectos, los trabajadores del IFT, con alta especialización en derecho, economía e ingenierías, enfrentan el abandono. La promesa de respetar sus derechos laborales, consagrada en la Constitución, parece quedar en el papel.
El Senado tiene en sus manos la oportunidad de corregir este desatino. Los conversatorios sobre la Ley de Telecomunicaciones comenzaron el 8 de mayo, pero las voces de los trabajadores apenas son escuchadas. La extinción del IFT no solo afecta a sus empleados, sino que podría tener repercusiones en la regulación del sector telecomunicaciones, crucial para la conectividad del país.