En un nuevo intento por frenar el crimen, autoridades del Estado de México lanzaron el Operativo Fortaleza, dirigido a desmantelar deshuesaderos clandestinos. La acción, coordinada por la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Movilidad, se centró en cinco municipios clave: Ecatepec, Tlalnepantla, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli y Atizapán de Zaragoza. El despliegue buscaba atacar un problema que alimenta el robo de autos y la venta ilegal de autopartes.
Durante el operativo, se inspeccionaron 34 establecimientos sospechosos. El resultado: 16 clausuras por operar al margen de la ley. Estos deshuesaderos no contaban con permisos, registros ni cumplían con normas técnicas. Algunos incluso fueron señalados por manejar autopartes robadas, un negocio que sigue creciendo en la entidad. La falta de regulación ha permitido que estos sitios operen con impunidad durante años.
Las autoridades reportaron el aseguramiento de 10 vehículos, algunos con reporte de robo. También se decomisaron autopartes de dudosa procedencia, aunque no se especificó la cantidad exacta. La operación contó con un despliegue importante: más de 200 elementos, drones y unidades caninas. Sin embargo, no se reportaron detenciones, lo que genera dudas sobre la efectividad de estas acciones para capturar a los responsables.
El secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda, afirmó que el operativo es parte de una estrategia para combatir la corrupción y la extorsión. Según él, desde octubre de 2023 se han clausurado 32 deshuesaderos ilegales en el estado. Sin embargo, la persistencia de estos negocios ilícitos pone en evidencia la falta de control y vigilancia en los municipios, donde el crimen organizado parece moverse con facilidad.
El robo de autos en el Estado de México no da tregua. En 2024, la entidad registró más de 20 mil casos, siendo una de las más afectadas a nivel nacional. Los deshuesaderos clandestinos son un eslabón clave en esta cadena delictiva, ya que desmantelan vehículos robados en cuestión de horas. Los ciudadanos, hartos de la inseguridad, exigen resultados concretos y no solo operativos mediáticos.
A pesar de los esfuerzos, la ausencia de detenciones en el Operativo Fortaleza deja un sabor agridulce. Clausurar locales es un paso, pero no ataca de raíz el problema. Las redes de robo y venta de autopartes siguen operando, y los responsables parecen estar un paso adelante de las autoridades. La ciudadanía se pregunta: ¿hasta cuándo habrá justicia?
El gobierno estatal prometió continuar con estas acciones y habilitó un número de WhatsApp (722-228-0498) para denuncias ciudadanas. Sin embargo, la confianza en las instituciones está desgastada. Los operativos, aunque necesarios, no han logrado reducir los índices delictivos, y la percepción de inseguridad en el Edomex sigue en aumento.
Este operativo pone sobre la mesa un problema estructural: la falta de coordinación y la corrupción que permiten que los deshuesaderos clandestinos prosperen. Mientras no se castigue a los líderes de estas redes y se fortalezcan las medidas preventivas, los ciudadanos seguirán siendo víctimas de un sistema que no los protege.